Proyecto 25293: Proyecto que crea el Sistema Nacional de Macro Evaluación Educativa y un Centro Nacional de Macro Evaluación

El proyecto propone crear un Sistema Nacional de Macro Evaluación Educativa y establecer un Centro Nacional de Macro Evaluación Educativa encargado de diseñar, ejecutar y difundir evaluaciones macro a los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Se trata de un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa (expediente 25293) y, por tanto, está pendiente de aprobación por las instancias legislativas y su reglamentación por el Poder Ejecutivo.

El propósito declarado es regular “la creación y funcionamiento del Sistema Nacional de Macro Evaluación Educativa” como un conjunto articulado de procesos, estándares, indicadores, políticas y acciones para evaluar la educación preescolar, primaria y media o secundaria, con el objetivo de promover calidad, excelencia y equidad. Esa definición del objeto muestra que la iniciativa busca ordenar de forma nacional cómo se realizan y usan las evaluaciones que miden aprendizajes y resultados del sistema educativo.

El Centro Nacional de Macro Evaluación Educativa. Ese Centro será “una instancia de desconcentración máxima adscrita al Consejo Superior de Educación, con independencia administrativa, presupuestaria y funcional” y tendrá “personalidad jurídica instrumental”. Además, el texto le otorga independencia técnica y autoridad exclusiva sobre las metodologías y los mecanismos para divulgar resultados: es decir, el Centro podrá definir cómo se hacen las evaluaciones y cómo se publican los resultados con autonomía técnica.

El Consejo Superior de Educación (CSE), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) y el nuevo Centro Nacional de Macro Evaluación Educativa. El proyecto señala que estos actores deben cumplir roles recíprocos según sus competencias; en la práctica, el Centro lidera la evaluación técnica y los demás órganos están llamados a recibir informes y aplicar recomendaciones.

Entre las funciones que atribuye el proyecto al Centro están diseñar, planificar, ejecutar, analizar y difundir los procesos de macro evaluación; procesar y analizar resultados; emitir informes y recomendaciones al CSE, al MEP y al CNNA; y proponer acciones para articular componentes del sistema educativo. Esa lista de responsabilidades convierte al Centro en el ente técnico que produce la evidencia con la que, según el texto, deben fundamentarse políticas, planes y programas educativos.

Continuidad y periodicidad en las evaluaciones, independencia técnica frente al CSE y al MEP, rigor científico, transparencia metodológica y uso de estándares definidos. También exige que la metodología del Centro esté orientada por el conocimiento científico y las mejores prácticas internacionales, lo que implica criterios técnicos y estándares para pruebas, indicadores y difusión de resultados.

En cuanto a la gobernanza y la duración de cargos, el Consejo Superior de Educación designará un Director y un Subdirector del Centro por un período de ocho años, con posibilidad de una reelección adicional (consecutiva o alterna). Esa norma establece un mandato largo para la dirección técnica-administrativa del Centro y reglas para su nombramiento y remoción.

Sobre financiamiento y plazos para poner en marcha la ley, el proyecto dispone que el Ministerio de Educación Pública transferirá al Sistema los recursos necesarios para su funcionamiento. Además, incluye disposiciones transitorias que piden al Poder Ejecutivo reglamentar la ley en un plazo máximo de doce meses y realizar en el mismo término las reformas reglamentarias necesarias para trasladar funciones desde la Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad del MEP al nuevo Centro. Esas disposiciones fijan plazos claros para la implementación y la regulación posterior.

La norma se aplica a la macro evaluación de la educación preescolar, primaria y media (secundaria) en Costa Rica. Afecta a las instituciones que participan en esas evaluaciones (CSE, MEP, CNNA), a los centros educativos y a la población estudiantil en la medida en que los resultados y recomendaciones generadas por el Centro influyan en políticas, planes y acciones educativas. El documento es una propuesta de ley; su contenido producirá efectos jurídicos y administrativos solo si se aprueba y se reglamenta según los plazos previstos.