Eliminación del “marchamo” y creación del Derecho de Circulación (Proyecto 25292)

El proyecto propone eliminar el impuesto anual conocido como “marchamo” y crear una contribución especial única denominada “derecho de circulación” que gravaría el hecho de que los vehículos automotores circulen por las rutas nacionales y cantonales del país. El texto es un proyecto de ley y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto crea una contribución especial para todos los vehículos automotores inscritos en el Registro Público de la Propiedad de Vehículos que circulen por las rutas nacionales y cantonales, con el objeto de financiar la construcción y mantenimiento de esas vías y obras afines. Se indica expresamente que “el hecho generador del tributo es el derecho de los vehículos automotores a circular por todas las rutas nacionales y cantonales del país.”

La propuesta fija montos y reglas de pago concretas. Define el período fiscal del tributo del 1 de enero al 31 de diciembre y dispone que el pago anual será exigible entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre del año calendario previo al período fiscal. El proyecto establece montos anuales fijos en la tabla del articulado: para “Vehículo automotor” ¢50,000 y para “Vehículos automotores de transporte público de pasajeros” ¢25,000. Además prevé la posibilidad de pagos parciales anticipados y que el Ministerio de Hacienda podrá establecer alternativas mediante decreto ejecutivo.

Quedan fuera los vehículos de Estados Extranjeros destinados a embajadas y consulados (según reciprocidad), los de organismos internacionales que los destinen exclusivamente a sus funciones, los del Gobierno Central y las municipalidades, ambulancias y unidades de rescate de la Cruz Roja Costarricense, vehículos del sistema hospitalario nacional, asilos de ancianos, el Instituto Nacional de Seguros, máquinas para extinguir incendios y las bicicletas. Para los exentos, las placas o distintivos sólo se entregarán previa comprobación mediante nota de la Dirección General de Tributación.

La recaudación del tributo la administra la Dirección General de Tributación, que deberá autorizar agentes recaudadores públicos o privados para facilitar los pagos. Esos agentes deben cumplir requisitos de registro, capacitación, seguridad, infraestructura, información y reportes, y también asumir responsabilidad por errores o irregularidades en la recaudación según el articulado.

El 50% de lo recaudado se transferirá al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para la red vial nacional y el 50% a las municipalidades para la red cantonal. Para la porción municipal se detalla una regla de reparto: el 50% según la extensión de la red vial de cada cantón, el 35% según el Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS) y el 15% restante repartido en partes iguales entre las municipalidades.

Además, el proyecto establece un aporte anual adicional por vehículo de mil setecientos colones (¢1 700,00) y precisa cómo se distribuirá ese aporte entre organizaciones sociales y de ayuda (por ejemplo, porcentajes a la Asociación de Guías y Scouts, un centro diurno, asociaciones de asilos y organizaciones de discapacidad), tal como se indica en el articulado.

El texto fija sanciones y medidas de control por incumplimiento. Para la morosidad en el pago del tributo se establece una multa equivalente al uno por ciento (1%) por cada mes o fracción transcurrido desde la fecha en que debió satisfacerse la obligación, con un tope del veinte por ciento (20%) de la suma. El proyecto también indica que, en caso de incumplimiento, la autoridad competente procederá al retiro de la placa de circulación del vehículo. Para la parte del impuesto reordenada sobre aeronaves y embarcaciones (la reforma del artículo 9), el proyecto contiene reglas distintas de cálculo, depreciación y sanción específica en su articulado.

El proyecto incluye, además, la reforma del artículo 9 de la Ley N.º 7088 para mantener o volver a regular un impuesto sobre la propiedad de aeronaves y embarcaciones de recreo o pesca deportiva, con bases imponibles, una vida útil para depreciación de quince años, tarifas progresivas y una fórmula para el cálculo; el texto detalla la tabla de depreciación anual acumulada y las escalas sobre las cuales se aplican las tasas impositivas.

El proyecto dispone que la asignación, transferencia y ejecución presupuestaria de los fondos recaudados por esta contribución especial, cuyos objetivos son gastos de capital, estarán excluidas de las restricciones del Título IV de Responsabilidad Fiscal de la Ley N.º 9635. El texto también señala que la iniciativa “rige a partir de su publicación”.

Queda claro por el propio texto que esto es una propuesta en trámite en la Asamblea Legislativa y que muchas de sus reglas operativas (por ejemplo, mecanismos de recaudación, actualización anual de montos por decreto ejecutivo, los detalles del reglamento y cómo se verificarán los exentos) dependen de la regulación que el proyecto manda elaborar o de decisiones del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tributación. Por tanto, estas medidas no están vigentes como ley hasta que la Asamblea las apruebe y se publiquen sus normas reglamentarias, según corresponda.