Proyecto propone agravar penas por el homicidio de jueces, fiscales y altos funcionarios (Exp. 25290)

El proyecto propone añadir dos nuevos incisos al artículo 112 del Código Penal para que el homicidio de determinadas autoridades, cuando ocurra “con motivo de sus funciones”, sea tratado como homicidio calificado y reciba la pena agravada que contempla ese artículo.

El texto incorpora expresamente un inciso 3) que incluye “a los jueces de la República, al fiscal general, al fiscal general adjunto y a los fiscales del Ministerio Público, con motivo de sus funciones”, y un inciso 13) que enumera, entre otros, al contralor y subcontralor generales de la República, al defensor y defensor adjunto de los Habitantes, al procurador general y procurador general adjunto, a alcaldes, vicealcaldes, regidores, síndicos, concejales, intendentes y viceintendentes, “con motivo del ejercicio de sus funciones”.

En la práctica, la modificación consiste en sumar estas situaciones a la categoría de “homicidio calificado” ya prevista en el artículo 112; ese artículo, según el propio proyecto, “crea el tipo penal de homicidio calificado, el cual se castiga con penas de prisión de veinte a treinta y cinco años por diversas causales”. El proyecto no incorpora en el articulado visible otros cambios de cuantía de pena distintos a incluir estos supuestos dentro de la figura ya existente.

Esa exigencia de motivo es, por tanto, una condición material que debe acreditarse en cada caso.

El proyecto dispone que la reforma forma parte del artículo 112 bajo la rúbrica “Homicidio calificado” y declara que la norma “Rige a partir de su publicación”. El expediente tiene número 25290, fue presentado el 2025-11-11 y figura con trámites posteriores, incluida la asignación a comisión el 2026-02-02; en consecuencia, se trata de una iniciativa pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa hasta que no reciba el trámite y la sanción legal correspondientes.

El documento expone como justificación una escalada de violencia contra operadores judiciales y fiscales e ilustra con casos concretos, por ejemplo al afirmar que “Costa Rica vive una escalada de violencia criminal sin precedentes en su historia” y al referirse al homicidio de Geiner Zamora, subjefe del Organismo de Investigación Judicial en Guápiles, ocurrido en enero del 2025. Esos antecedentes aparecen en los considerandos que acompañan la propuesta y explican su motivo político y social.

El propio texto también señala que la propuesta busca una sanción más severa para desincentivar ataques contra funcionarios públicos; sin embargo, el articulado que modifica el artículo 112 se limita a incorporar los incisos citados y a declarar su vigencia desde la publicación, sin incluir en el cuerpo legislativo visible medidas específicas de protección, financiamiento o procedimientos administrativos adicionales. Pendiente de aprobación, la iniciativa cambia la calificación penal de determinados homicidios bajo la condición señalada, pero no precisa en el articulado cómo se acreditará esa condición ni qué medidas administrativas concretas se adoptarán para prevenir ataques.