Proyecto 25287: Ley para el reconocimiento y financiamiento de servicios ecosistémicos agropecuarios y forestales

El proyecto propone ampliar las facultades y funciones del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) para que establezca mecanismos de fomento, negociación, comercialización, captación, pago y reconocimiento de servicios ecosistémicos en bosques, plantaciones forestales, sistemas agroforestales, carbono en suelos, áreas marino-costeras, agrícolas y ganaderas, tanto en terrenos públicos como privados. El texto lo establece explícitamente como objeto de la ley y describe que la gestión de esos mecanismos corresponderá a FONAFIFO en coordinación con las entidades competentes.

El proyecto propone que FONAFIFO administre los recursos que se generen por esta ley a través del Fideicomiso 544/BNCR/FONAFIFO, creando una subcuenta agropecuaria dentro de ese fideicomiso. Esa subcuenta tendrá presupuestos y ejecuciones diferenciadas y sus recursos no podrán transferirse libremente a otras subcuentas salvo autorización expresa del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) o cuando representen gastos comunes del fideicomiso en aplicación de la ley.

El proyecto propone que la gobernanza y ejecución de las acciones se organicen mediante un convenio de cooperación entre el MAG y FONAFIFO, que deberá regular coordinación, costos operativos, estructura de gobernanza y mecanismos de rendición de cuentas. La Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del MAG será la instancia técnica responsable de implementar los mecanismos específicos, aprobar instrumentos, suscribir contratos y supervisar, controlar y dar seguimiento a los proyectos financiados.

El proyecto propone fuentes de financiamiento para la subcuenta agropecuaria del fideicomiso que incluyen aportes del Gobierno de la República a través del presupuesto nacional; recursos de préstamos internacionales (por ejemplo el préstamo N.º 9808 CR suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento —BIRF— y el préstamo FIDA N.º 2000005556); recursos que capte FONAFIFO por la comercialización de carbono en suelos y otros servicios ecosistémicos; créditos o mecanismos de canje de deuda autorizados por ley; transferencias del INDER (limitadas a no más del 2% del presupuesto aprobado de esa institución); y otros recursos que se formalicen en el futuro. La ejecución de préstamos internacionales deberá ajustarse a los contratos de préstamo respectivos y a la legislación presupuestaria vigente.

El proyecto propone reglas sobre la titularidad, reconocimiento y comercialización de los servicios ecosistémicos: la titularidad corresponderá al propietario, poseedor, arrendatario u otras figuras jurídicas que defina el reglamento; su reconocimiento y comercialización exigirán procesos de medición, reporte y verificación conforme a estándares nacionales y/o internacionales, según corresponda. Es decir, para que un servicio sea reconocido y pueda recibir pagos o venderse, deberá medirse y verificarse de acuerdo con normas aplicables.

Asigna al MAG la elaboración de una metodología oficial con respaldo científico para valorizar los servicios ecosistémicos del suelo, que deberá identificar los servicios susceptibles de reconocimiento, los parámetros de selección, las prácticas productivas prioritarias y los criterios de valorización. También ordena la creación por parte del MAG de un registro de productores que apliquen buenas prácticas para la conservación y recuperación del suelo; ese registro contendrá los requisitos para seguimiento y verificación de los indicadores que acrediten el aumento de los servicios ecosistémicos priorizados.

La Contraloría General de la República ejercerá el control posterior de los recursos administrados; el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de seis (6) meses a partir de su publicación; y la ley rige a partir de su publicación. El texto contiene además artículos que autorizan a FONAFIFO a suscribir contratos y participar en mercados nacionales e internacionales, incluidos contratos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y mecanismos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o el Acuerdo de París, y establece límites y condiciones para la administración financiera y operativa.

El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa; lo anterior significa que lo descrito en este texto es una propuesta y no una norma vigente.