Proyecto 25283: Proyecto que elimina el secreto en el trámite legislativo de antejuicio contra miembros de los Supremos Poderes

El proyecto propone adicionar un párrafo segundo al artículo 295 del Código Procesal Penal para que la "privacidad de las actuaciones" no se aplique cuando el trámite sea el antejuicio y la autorización para la prosecución del proceso penal contra miembros de los Supremos Poderes. El texto del proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa y, en el borrador, establece que la reforma "rige a partir de su publicación" si se aprueba.

El cambio afecta expresamente al "trámite legislativo de ante-juicio y autorización de la prosecución del proceso penal a los miembros de los Supremos Poderes", es decir, a los procedimientos que la Asamblea Legislativa conoce para decidir si procede o no permitir la persecución penal contra esas personas. El proyecto fue presentado por la diputada Andrea Álvarez Marín y se identifica con el expediente número 25283; el registro del trámite muestra presentación el 2025-11-05 y publicación en Gaceta el 2025-11-14 (Gaceta 215). Está en trámite parlamentario y fue asignado a comisión, según el historial del expediente.

Concretamente, el proyecto no elimina la regla general de privacidad que hoy existe para el procedimiento preparatorio (el sumario), sino que introduce una excepción limitada: mantiene la norma que señala que "El procedimiento preparatorio no será público para terceros", pero añade que esa privacidad "no aplicará en el trámite legislativo de ante-juicio y autorización de la prosecución del proceso penal a los miembros de los Supremos Poderes". En la práctica, si la reforma se aprueba, las actuaciones que la Asamblea realice en el proceso de antejuicio y en la decisión de autorizar o no la persecución penal de esos miembros tendrían que hacerse con publicidad y transparencia legislativa, en lugar de mantenerse en secreto procesal.

La excepción es para el "trámite legislativo" y para la "autorización de la prosecución" contra "miembros de los Supremos Poderes". El proyecto no convierte en públicos otros actos procesales fuera de ese supuesto (por ejemplo, actuaciones del sumario cuando no formen parte del trámite legislativo), porque la redacción agrega esa excepción puntual al artículo 295 y no rehace todo el régimen de confidencialidad del proceso penal.

Respecto a la vigencia y al estado de la iniciativa, el expediente indica que la iniciativa fue presentada el 2025-11-05, que se publicó el 2025-11-14 en la Gaceta No. 215 y que, en el texto sometido a consideración, la disposición final dice "Rige a partir de su publicación". Es importante subrayar que esas indicaciones forman parte del proyecto: la norma propuesta sólo entraría en vigor desde su publicación si el proyecto llega a aprobarse y promulgarse.

En los considerandos y la argumentación que acompañan al proyecto, se señala como fundamento la obligación de la Asamblea de actuar con transparencia y publicidad porque sus decisiones afectan a la ciudadanía y al interés público, y se afirma que la reforma "fortalece la rendición de cuentas, previene posibles arbitrariedades en el uso de la figura del fuero y se alinea con las mejores prácticas internacionales". Esos párrafos explican las razones y los efectos esperados por la proponente, pero no son por sí mismos cambios obligatorios: la decisión normativa concreta es la adición del párrafo segundo al artículo 295 y su eventual entrada en vigor depende de la aprobación del proyecto por los trámites constitucionales y legislativos correspondientes.