Facultar al ICD para sustituir la inmovilización registral por anotación registral y disponer anticipadamente bienes incautados (Proyecto 25279)

El proyecto propone reformar el artículo 20 de la Ley contra la Delincuencia Organizada (Ley N.° 8754) para permitir que, en los procesos por incremento patrimonial injustificado —también llamados capitales emergentes— el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) pueda solicitar que la medida cautelar de inmovilización registral sea sustituida por una anotación registral cuando se determine que los bienes son susceptibles de disposición anticipada. Esta sustitución sería excepcional y requiere una petición fundada del ICD o de la autoridad correspondiente. El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa y solo produciría efecto si se aprueba.

El cambio mantiene quiénes pueden denunciar un incremento patrimonial (la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el ICD o el Ministerio Público) y la posibilidad de investigar hechos con alcance retroactivo de hasta diez años. Tras la denuncia, el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios dará audiencia al interesado por un término que no excederá de veinte días hábiles, salvo prórroga motivada; en esa resolución el juez podrá ordenar medidas cautelares como secuestro de bienes, inmovilización registral o inmovilización de productos financieros vinculados a la denuncia.

En la práctica, si el ICD presenta una solicitud fundada y se determina que los bienes pueden disponerse anticipadamente, la inmovilización registral podrá reemplazarse por una anotación registral. Ese cambio registral permitiría al ICD administrar los bienes con mayor flexibilidad: por ejemplo, arrendarlos, destinarlos temporalmente a programas públicos o sacarlos a subasta o venta antes de una decisión judicial definitiva, siempre conforme a lo que la ley y sus reglamentos permitan. El proyecto alude a que la Unidad de Recuperación de Activos del ICD sería la instancia técnica encargada de esa administración.

Contra la medida cautelar cabe recurso de apelación sin efecto suspensivo; ese recurso debe interponerse en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal Colegiado Contencioso Administrativo, que deberá resolver con prioridad y “sin más trámite”. Además se mantiene la publicidad registral y la rendición de cuentas, y el texto prevé que si un juez ordena la devolución de un bien que ya fue vendido, se restituirá el monto obtenido a quien corresponda.

El propósito práctico que expone el proyecto es reducir el deterioro y los costos de custodia de bienes inmovilizados, optimizar el uso de activos incautados y generar recursos que podrían reinvertirse en fines institucionales como seguridad pública, investigación judicial y atención a víctimas. El proyecto invoca experiencias previas (por ejemplo, disposiciones para ventas anticipadas según la Ley N.° 8204 y un reglamento del ICD) y normas internacionales (recomendaciones del GAFI, la Convención de Palermo y el Manual de la OEA) como fundamento para la medida, pero esos apoyos se citan como argumentos y no convierten la propuesta en norma hasta su eventual aprobación.

La reforma también aclara la competencia jurisdiccional, estableciendo que los procesos por aumento patrimonial sin causa lícita deben tramitarse ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda (Juzgado Contencioso Administrativo y Tribunal de Apelaciones correspondientes), lo que implica especialización procesal en estos asuntos. La entrada en vigor propuesta es “a partir de su publicación” si el proyecto llegara a aprobarse. Se mantiene la exigencia de proporcionalidad y urgencia para ordenar medidas cautelares y la protección de derechos de terceros de buena fe mediante procedimientos transparentes, según lo descrito en el texto del proyecto.