Proyecto 25277: permitir candidaturas por grupos electorales independientes o individuales (reformas constitucionales)

El proyecto propone modificar la Constitución Política para reconocer y regular el derecho a ser electo y a elegir mediante la postulación por grupos electorales independientes o por candidaturas individuales, además de por partidos políticos. La iniciativa plantea cambios expresos en varios artículos constitucionales (entre ellos el artículo 98 y otros señalados en el texto) para que, además de los partidos, las agrupaciones independientes y las candidaturas individuales puedan intervenir en los procesos electorales y acceder a las mismas garantías y obligaciones previstas para los partidos. El proyecto está pendiente de aprobación.

El proyecto establece que los ciudadanos podrán intervenir en la política agrupándose en partidos políticos, en grupos electorales independientes o postulándose mediante candidaturas individuales, y que esas opciones deberán respetar la Constitución. El texto propone que “los partidos políticos, los grupos electorales independientes y las candidaturas individuales … serán libres dentro del respeto a la Constitución y la ley” y que, además, tanto los partidos como los grupos independientes deben ser democráticos en su estructura interna y funcionamiento; las candidaturas individuales también “deberán ser democráticas en su organización y actividad”.

Incorpora a los grupos electorales independientes y a las candidaturas individuales como sujetos que pueden recibir aportes estatales bajo las condiciones que fija la reforma. Establece una contribución estatal calculada como “cero coma diecinueve por ciento (0,19%) del producto interno bruto del año tras anterior a la celebración de la elección” y condiciona el derecho a recibir los aportes a que los sujetos participantes alcancen al menos un tres por ciento (3%) de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o, si están inscritos solo a escala provincial, obtengan ese mismo porcentaje en la provincia o elijan al menos un Diputado. El texto también prevé que, previo otorgamiento de las cauciones correspondientes, se podrá adelantar parte de la contribución estatal y que, para recibir el aporte, los partidos, los grupos electorales independientes y las candidaturas individuales deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones; las contribuciones privadas estarán sujetas al principio de publicidad y a regulación por ley.

El proyecto atribuye al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) funciones para investigar y pronunciarse sobre denuncias formuladas por los partidos, los grupos electorales independientes y las candidaturas individuales. La reforma incorpora expresamente la facultad de “investigar por sí o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos, por los grupos electorales independientes y por las candidaturas individuales” relativa a parcialidad política de servidores públicos u otras actividades prohibidas, y prevé que la declaración de culpabilidad del Tribunal será causa obligatoria de destitución e inhabilitación por un período no menor de dos años, sin perjuicio de responsabilidades penales que correspondan.

Remite a que la apertura de estas formas de postulación debe realizarse “con sustento en requisitos mínimos, flexibles y accesibles al ciudadano para que puedan conformar una agrupación política” y que tales requisitos deben estar justificados razonablemente y no implicar una vulneración del ejercicio del derecho. Además dispone un plazo transitorio para adaptar la legislación: dentro de los posteriores dos años calendario contados desde la entrada en vigor de la reforma, la Asamblea Legislativa debe emitir las modificaciones a la legislación electoral que hagan efectivas las disposiciones aprobadas. El proyecto prevé que la reforma “rige a partir de su publicación.”

En cuanto a efectos prácticos, si el proyecto se aprueba tal como está planteado, permitirá que una persona o un conjunto de personas compitan en elecciones sin necesidad de formar un partido, siempre que cumplan los requisitos que la ley electoral que corresponda fije luego de la reforma, y podrán acceder a aportes estatales si cumplen los umbrales de votación o el requisito de haber elegido un diputado. El Tribunal Supremo de Elecciones tendrá facultades específicas para investigar y sancionar irregularidades en el ejercicio político de servidores públicos en relación con estas nuevas formas de postulación. El texto somete la implementación concreta (detalles sobre requisitos, cauciones, porcentajes aplicables y procedimientos) a la futura regulación por ley durante el plazo transitorio. El proyecto está pendiente de aprobación.