Proyecto que reforma los artículos 18 y 32 y deroga el artículo 33 de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (Ley N.º 3859) — Expediente 25268

El proyecto propone reformar los artículos 18 y 32 de la Ley N.º 3859 (Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad) y derogar el artículo 33 de la misma norma, de modo que cambien las obligaciones y la forma de vinculación entre las organizaciones comunales y los gobiernos locales. Esta iniciativa está contenida en el expediente 25268 y fue presentada el 2025-10-23; su publicación oficial aparece con fecha 2025-11-14. El texto dispone que rija a partir de su publicación y hoy está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto modifica el artículo 18 para que las organizaciones de desarrollo comunal “podrán coordinar sus actividades con las que realice la municipalidad del cantón respectivo” y, además, deja claro que “las municipalidades quedan autorizadas para transferir recursos a las organizaciones comunales” con el fin de trabajar en conjunto por el desarrollo local. En lenguaje sencillo, la coordinación entre organizaciones comunales y municipalidades pasa a formularse como una posibilidad (podrán) y las municipalidades obtienen una autorización explícita para transferir recursos a esas organizaciones.

El proyecto reformula el artículo 32 para mantener la obligación de las organizaciones comunales de preparar un plan anual de trabajo. Ese plan debe ser aprobado por la asamblea general de la organización y “sometido a conocimiento de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad”. En la práctica, las ODC siguen obligadas a formular y aprobar un plan de trabajo cada año y a ponerlo en conocimiento de DINADECO (la entidad estatal señalada por la ley como ente rector en materia comunal).

El proyecto deroga el artículo 33 de la Ley N.º 3859. El texto del proyecto incluye la disposición de derogación, lo que implica que las obligaciones o mandatos que contenía el artículo 33 dejarían de estar vigentes si el proyecto se aprueba. El expediente no reproduce en su artículado el texto completo previo del artículo 33 dentro de la sección de decisión, por lo que no se puede afirmar aquí, sin consultar la ley vigente, el contenido textual anterior de ese artículo ni sus efectos concretos actuales.

Las principales partes afectadas son las organizaciones de desarrollo comunal (ODC), las municipalidades y la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO). Según el propio proyecto, la coordinación obligatoria y la rendición de cuentas que la ley exigía en los artículos 18, 32 y 33 se han aplicado de forma muy limitada en la práctica, por lo que la iniciativa propone ajustar las reglas formales. El proyecto también plantea sustituir la palabra “asociaciones” por “organizaciones” en los artículos señalados, para incluir en la redacción a todas las estructuras que integran el movimiento comunal.

Aunque el proyecto busca eliminar la obligatoriedad de coordinar y rendir cuentas ante las municipalidades, el texto plantea expresamente que esa eliminación “no exime a [las municipalidades] de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos que les entregan”. Además, el documento recuerda el papel de la Contraloría General de la República (CGR) y de DINADECO como referencias para la fiscalización y la supervisión, indicando que la delegación o transferencia de fondos no exonera al ente que entrega recursos de su obligación de rendir cuentas.

En los considerandos el proyecto expone que la relación más efectiva entre municipalidades y organizaciones comunales ha sido la coordinación horizontal basada en diálogo, respeto a la autonomía organizativa y cooperación voluntaria, en vez de una relación jerárquica de control. El texto también argumenta que la Ley N.º 8173 (que creó los Concejos Municipales de Distrito) cambió la arquitectura de interlocución local, lo que motivaría ajustar los mandatos formales. Estas explicaciones son razones que el proyecto ofrece para el cambio; no constituyen por sí mismas efectos legales ya realizados.

El expediente identificado como 25268 dispone que la reforma “rige a partir de su publicación”. El proyecto fue presentado el 2025-10-23, figura publicado el 2025-11-14 (Gaceta N.º 215) y su periodo de vigencia cuatrienal vence el 2029-10-23. Actualmente la iniciativa está en el trámite parlamentario y su texto definitivo solo tendría efectos si la Asamblea Legislativa la aprueba en sus instancias correspondientes.