Proyecto de ley 25264: Ley de derechos plenos de las víctimas (reforma del Código Procesal Penal y la Ley 8720)

El proyecto propone reconocer a las víctimas como sujetos plenos de derecho dentro del proceso penal y reformar varios artículos del Código Procesal Penal (Ley N.º 7594) y el artículo 1 de la Ley N.º 8720 (Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes), para asegurar su participación, protección y acceso a la reparación. Está pendiente de aprobación. El expediente es el 25264 y el proponente es el diputado Danny Vargas Serrano; el proyecto se presentó el 2025-10-23 y fue publicado el 2025-11-06.

Declara como objeto de la ley reconocer derechos de las víctimas, su atención y protección y regular las medidas de protección extraprocesal y su procedimiento. En la práctica esto significa que la víctima deja de ser tratada solo como un testigo ocasional y se le atribuyen derechos activos dentro del proceso penal, equivalentes en varios aspectos a los del imputado, según el texto del proyecto.

El proyecto incorpora derechos concretos de representación y asistencia legal desde el inicio del proceso. En los artículos propuestos se contempla expresamente que la víctima "tendrá derecho a ser asistida por abogado desde el inicio del proceso y durante todo su desarrollo, con garantía de asistencia legal gratuita en los casos previstos por la ley"; la asistencia gratuita se prevé en situaciones específicas previstas por la norma y no supone que sea automática para todos los casos sin los requisitos que la ley indique.

Se establecen obligaciones y límites para la actuación del Ministerio Público y de los órganos judiciales respecto de la víctima. Por ejemplo, el Ministerio Público deberá considerar y, antes de aplicar salidas alternas, "consultar y valorar la opinión de la víctima antes de aplicar salidas alternas"; asimismo, los funcionarios judiciales tendrán deberes de notificar, escuchar y garantizar la participación efectiva de la víctima en las decisiones que la afecten.

Amplía la protección física, psicológica y emocional de las víctimas durante el proceso, introduce mecanismos para evitar contacto innecesario con el imputado (por ejemplo videoconferencias o condiciones especiales de diligencias) y crea la figura de una "declaración de impacto" para que la víctima pueda expresar cómo el delito le afectó sin quedar sujeta a contrainterrogatorio.

Prevé testimonios especiales para menores y víctimas vulnerables, el uso de anticipos jurisdiccionales de prueba cuando sea necesario, y faculta a la víctima a ser oída por el juez o tribunal en audiencia pública incluso si el Ministerio Público no la ofrece como testigo; además, regula la intervención de la víctima en decisiones que extingan la acción penal o afecten su pretensión de reparación.

Respecto a la reparación y bienes, la iniciativa exige una respuesta judicial sobre la devolución de bienes o valores de la víctima: si se omitiera pronunciamiento, "el tribunal que conoce de la causa deberá resolver sobre la devolución provisional o definitiva de todos los bienes o valores propiedad de la víctima". También se reconoce el derecho de la víctima a participar activamente en el diseño y ejecución de medidas reparadoras o restaurativas que surjan del proceso.

Las autoridades penitenciarias y el juez de ejecución deberán notificar a la víctima sobre gestiones o resoluciones que impliquen la posibilidad de que la persona condenada obtenga beneficios (semilibertad, permisos, libertad condicional, etc.), y la víctima podrá manifestar sus observaciones en forma oral o escrita dentro de los plazos que señale el juez.

Dispone un transitorio por el cual el Poder Judicial y el Ministerio Público "deberán adecuar sus reglamentos, protocolos y estructuras organizativas para garantizar la efectiva aplicación de los derechos de las víctimas conforme a esta reforma, en un plazo no mayor de seis meses desde su entrada en vigor". Esto implica plazos y responsabilidad institucional para poner en marcha los cambios normativos y administrativos que exige la propuesta.

El proyecto propone en conjunto cambiar normas procesales (artículos concretos del Código Procesal Penal y de la Ley 8720) para colocar a la víctima en el centro del proceso penal en cuanto a participación, protección, acceso a asistencia legal y reparación; todas las medidas propuestas están sujetas a la aprobación legislativa y a los plazos y condiciones que el mismo texto establece.