Proyecto de ley 25249: Ley de planificación estratégica para el desarrollo sustentable de Costa Rica

El proyecto propone hacer obligatoria la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como parte del sistema de planificación nacional para políticas, planes y programas estratégicos, con el fin de modernizar la planificación y asegurar que las decisiones públicas estén alineadas con criterios de desarrollo sustentable, participación y transparencia. La exposición de motivos y el articulado indican que la EAE se aplicará a decisiones con relevancia nacional, regional o territorial y busca integrar aspectos ambientales, sociales y económicos desde la etapa de formulación.

El Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) actuará como órgano coordinador del proceso estratégico, emitirá lineamientos y acompañará la participación; la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) será garante metodológico-ambiental, verificando estándares técnicos y requisitos de participación. El texto detalla que los órganos proponentes (por ejemplo ministerios, casa presidencial o instituciones autónomas) deben preparar la propuesta técnica inicial que servirá como insumo central del proceso.

Aviso de inicio y alcance (scoping), presentación de un documento técnico base con diagnóstico y objetivos, estudio de línea base socioambiental y de riesgos, evaluación de alternativas y jerarquía de mitigación, participación deliberativa mediante un Comité Participativo de EAE, elaboración de un Informe de Sostenibilidad, visto bueno procedimental de MIDEPLAN y SETENA, y aprobación formal por el órgano proponente. También establece que la EAE debe generar lineamientos estratégicos que orienten las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos concretos.

Cada EAE debe contar con un Comité Participativo integrado por representantes de sectores productivos, académicos, comunitarios, pueblos indígenas y organizaciones ambientales; la facilitación del proceso será independiente y contratada por el órgano proponente para garantizar objetividad; se exigirá acceso público a la documentación y un tablero público de seguimiento con indicadores, metas, responsables y cronograma. A nivel local, las municipalidades aplicarán el mismo enfoque para sus planes y programas, coordinados por su oficina ambiental o equivalente.

Se definen criterios para considerar una política, plan o programa como “estratégico” y por tanto sujeto a EAE: alcance nacional o interregional; impactos territoriales significativos o de larga duración; movilización considerable de recursos públicos; potencial de generar conflictos socioambientales; necesidad de coordinación interinstitucional compleja; y efectos acumulativos o sinérgicos. El proyecto indica que, cuando un plan o programa estratégico sea evaluado, los trámites ambientales de proyectos coherentes podrán ser más ágiles al estar predefinidos criterios superiores.

El texto propone reformas a normas vigentes y asigna funciones adicionales a instituciones existentes: añade obligaciones a la Ley de Planificación Nacional (No. 5525 de 1974) y a la Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554), refuerza el papel rector de MIDEPLAN y amplía las funciones de SETENA (por ejemplo administrar EIA, coordinar técnicamente la EAE y elaborar guías metodológicas). El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de doce meses a partir de su publicación y la ley rige desde su publicación. El expediente es el 25249, presentado por el diputado Pedro Rojas Guzmán; el proyecto está pendiente de aprobación.