Proyecto 25248: Proyecto propone crear una ley para que la infraestructura eléctrica prevenga la electrocución de fauna y proteja la biodiversidad

El proyecto propone crear la “Ley de Infraestructura Eléctrica Sostenible y Biodiversa” para establecer un marco legal obligatorio que prevenga, mitigue y monitoree los impactos de la red eléctrica nacional sobre la fauna silvestre y los ecosistemas, promoviendo la electrificación sostenible desde el diseño de la infraestructura. El texto indica expresamente que su objetivo es ese marco legal y que la iniciativa está pendiente de aprobación.

Su aplicación es obligatoria para “toda persona física o jurídica, pública o privada, que participe en la generación, transmisión, distribución o comercialización de electricidad en Costa Rica”. Eso significa que las empresas eléctricas y otros actores del sector deberán cumplir las obligaciones que la ley imponga.

En la práctica, la norma obliga a incorporar prevención desde el diseño. Todo nuevo proyecto eléctrico deberá incluir una evaluación previa que integre aspectos ecológicos, obligatoriamente aplicar un diseño preventivo y considerar alternativas de diseño como líneas subterráneas, aislamiento completo, redireccionamiento de trazado, instalación de pasos de fauna y dispositivos de protección para evitar electrocuciones y favorecer la conectividad ecológica.

La ley establece medidas mínimas que las empresas deben aplicar para prevenir electrocuciones y daños a la biodiversidad. Entre las medidas que el texto señala como obligatorias están: aislamiento de cables y estructuras; rediseño o desviación del trazado; instalación de líneas subterráneas en zonas ambientalmente frágiles; pasos de fauna aéreos o adaptaciones funcionales; y reubicación de infraestructura en puntos calientes.

Los costos ambientales deben integrarse en el diseño y presupuesto. Toda infraestructura, según el proyecto, deberá incluir en su presupuesto los costos de mitigación, restauración y monitoreo de impactos sobre la biodiversidad, de modo que esos gastos formen parte del proyecto desde su planificación financiera.

Para seguimiento e información pública, las empresas tendrán que enviar un reporte técnico anual al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) antes del 15 de febrero de cada año. Ese informe debe contener, al menos, el número de incidentes, las especies afectadas, la localización exacta y las medidas adoptadas, los daños a la red y el estado de ejecución del plan de mitigación.

El Minae debe generar o validar una guía técnica oficial vinculante para todos los actores, y esa guía se actualizará cada dos años. La guía servirá como referencia obligatoria para las medidas de prevención y mitigación que exija la ley.

La propuesta regula también la atención de fauna afectada y la coordinación entre actores. Las empresas deberán garantizar el traslado, atención veterinaria y eventual reinserción de fauna herida o huérfana por electrocución, cubrir los costos y coordinar con centros de rescate autorizados. Además se promueven alianzas con municipalidades, ONG, universidades y centros de conservación para acciones complementarias.

El proyecto establece un régimen sancionatorio y responsabilidad objetiva. El incumplimiento será sancionado conforme a leyes ambientales vigentes y la reincidencia se considera agravante. Además, las empresas serán responsables objetivamente de los daños a la biodiversidad por no aplicar medidas técnicas; esa responsabilidad puede dar lugar a acciones administrativas, civiles y penales.

El Poder Ejecutivo, a través del Minae, deberá reglamentar la ley en un plazo no mayor a doce meses desde su publicación. Las empresas eléctricas tendrán un plazo de tres años para adecuar su infraestructura existente a las obligaciones de la ley, dando prioridad a puntos calientes y zonas ambientalmente frágiles. La norma rige a partir de su publicación.

El expediente identificado con el número 25248 fue presentado y publicado en octubre de 2025, y los proponentes registrados son Cynthia Maritza Córdoba Serrano y María Marta Padilla Bonilla. El documento original y su trámite constan en la Asamblea Legislativa.