Proyecto 25229: Proyecto que reforma los artículos 55, 60 y 68 del Código Electoral sobre inscripción y cancelación de partidos políticos

El proyecto propone cambiar las reglas para inscribir y cancelar partidos políticos en Costa Rica, modificando los artículos 55, 60 y 68 del Código Electoral; fue presentado por el diputado Daniel Vargas Quirós y está pendiente de aprobación. El expediente registrado es el 25229 y el trámite inició en la Asamblea Legislativa el 06/10/2025; la propuesta establece las nuevas condiciones que deben cumplir los partidos para inscribirse, los motivos por los que el Registro Electoral podrá cancelar inscripciones y las excepciones sobre el efecto temporal de la cancelación.

El proyecto modifica la exclusividad sobre el nombre, la divisa y el lema de los partidos. Establece que esos elementos pertenecen con exclusividad al partido y que no se admitirán inscripciones con elementos iguales o similares a los de otro partido inscrito en cualquier escala cuando puedan producir confusión. Además prohíbe usar como divisa la bandera o el escudo costarricense o de otros países, así como la invocación de motivos religiosos o símbolos patrios; también impide el uso de elementos iguales o similares a los de un partido cuya cancelación de inscripción se haya dado en los últimos 16 años.

Exige adhesiones de electoras y electores equivalentes al 1% del padrón electoral vigente a la fecha de constitución del partido. Ese 1% se aplica según el ámbito territorial en que se inscribe la agrupación, es decir si se registra a escala nacional, provincial o cantonal, el cálculo se hace sobre el padrón del ámbito correspondiente.

El proyecto faculta a la Dirección General del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones a cancelar, “sin más trámite”, las inscripciones de partidos políticos por una serie de causales que el propio texto enumera; esas causales operan como reglas automáticas de cancelación cuando concurren en un partido inscrito en la escala que corresponda.

Para los partidos inscritos a escala nacional la propuesta establece criterios concretos de supervivencia electoral: serán causales de cancelación, entre otros, que en la elección nacional anterior el partido no obtenga un número de votos igual o superior al 2% de los votos válidos emitidos para la presidencia de la República; que no haya obtenido al menos una diputación; o que no obtenga en la elección nacional anterior un número igual o superior al 2% del total nacional de los votos válidos emitidos para diputaciones. Si se cumplen esas condiciones, la Dirección podrá cancelar la inscripción.

Si un partido nacional cumple las condiciones de cancelación pero tiene personas electas en algún puesto de elección popular a nivel municipal, ese partido no podrá participar en la siguiente elección nacional y la cancelación se hará efectiva solamente cuando las personas electas finalicen el periodo para el que fueron elegidas. Es decir, la pérdida del registro queda diferida hasta el término del mandato municipal de sus representantes.

El proyecto también fija criterios análogos a escala provincial y cantonal. En la escala provincial, la cancelación procede cuando se dan condiciones como no haber obtenido al menos una diputación y no alcanzar, en la elección anterior respectiva, un número de votos igual o superior al 2% de los votos válidos para diputaciones en la provincia correspondiente. Para la escala cantonal la propuesta establece requisitos y umbrales (en el texto aparecen condiciones sobre votación y obtener cargos locales) que deben cumplirse para determinar la cancelación en ese ámbito.

La propuesta incluye el principio de exclusividad de nombre y limitaciones para evitar confusión entre agrupaciones y busca vincular la permanencia de los partidos a indicadores de respaldo electoral y de representación (porcentajes de votos y cargos obtenidos). La norma propone que las cancelaciones las realice la Dirección General del Registro Electoral “sin más trámite” y dispone que la ley rige a partir de su publicación. Está pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa y, si se aprueba, entraría en vigor desde su publicación según el articulado.