Proyecto de ley 25218: Tercer presupuesto extraordinario 2025 y tercera modificación a la Ley 10.620 (Presupuesto 2025)

El proyecto propone un Tercer Presupuesto Extraordinario para el ejercicio económico 2025 y una tercera modificación legislativa a la Ley N.º 10.620 (Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2025) con cambios en ingresos, fuentes de financiamiento y egresos que requieren la aprobación de la Asamblea Legislativa; la iniciativa fue sometida por el Poder Ejecutivo y está pendiente de aprobación. El documento parte de la presentación al Legislativo y la exposición de motivos y señala que la presentación se hace “Conforme a lo establecido en el artículo 177 de la Constitución Política…” y que el Poder Ejecutivo lo somete a consideración de la Asamblea Legislativa, por lo que se trata de una propuesta en trámite y no de una ley aprobada. El proyecto articula sus fines en forma explícita: ajustar ingresos y gastos por recalificaciones certificadas por la Contraloría General de la República, incorporar recursos específicos (por ejemplo por derechos de superficie, aportes al FODESAF, reintegros del Poder Judicial, superávits y donaciones) y atender situaciones urgentes y necesidades puntuales de los títulos presupuestarios. La iniciativa se estructura en seis artículos: el Artículo 1 modifica el artículo 1 de la Ley de Presupuesto para mover y recalificar ingresos y fuentes de financiamiento; el Artículo 2 detalla los egresos que equilibran esos ingresos; los Artículos 3 y 4 son modificaciones presupuestarias que, según el texto, no cambian el total del presupuesto pero movilizan recursos entre instituciones y exigen aprobación legislativa; el Artículo 5 autoriza cambios de destino de partidas aprobadas en ejercicios anteriores para varias municipalidades concretas; y el Artículo 6 elimina puestos en tres ministerios y fija la vigencia de esa eliminación a partir de su publicación en La Gaceta. El expediente cuantifica los movimientos y su efecto agregado: plantea que la combinación de rebajas y aumentos “genera una rebaja neta de ₡142.863.685.254,94 en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2025.” Dentro de ese resultado, los Ingresos Corrientes experimentarían “una disminución neta por ₡128.447.074.700,03”, según las certificaciones que cita la propuesta. El proyecto explica que por aplicación de la llamada Norma 18 (gestión de canjes y reestructuración de deuda) se produjo “una rebaja global por ₡242.590.000.000,00” y que, aun cuando esa rebaja reduce la emisión, el Poder Ejecutivo solicita autorización legislativa para utilizar parte de esos recursos —en concreto “₡93.454.347.276,32”— con el fin de financiar faltantes en remuneraciones del Ministerio de Educación Pública (MEP) y obligaciones pactadas con JUPEMA; la propuesta afirma que esos usos requieren la aprobación de los diputados porque implican traslados y cambios de fuente de financiamiento. El Artículo 5 contiene autorizaciones puntuales para que algunas municipalidades varíen el destino de partidas aprobadas en ejercicios anteriores, con códigos y montos concretos, por ejemplo autoriza a la Municipalidad de Guácimo a variar partidas por ¢3.840.000,00; ¢3.524.871,00 y ¢2.645.537,00 para emplearlas en el proyecto “Seguridad peatonal y niñez” en el distrito Pocora, y autoriza variaciones análogas para las municipalidades de Moravia y Cañas conforme a los códigos presupuestarios y montos que enumera. El Artículo 6 elimina puestos específicos en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (CONAVI) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); en MINAE además se indica que los recursos liberados por dos eliminaciones de puestos fijos se destinan a la creación de un nuevo puesto de Gerente de Servicio Civil 1 con financiamiento por tres meses, y el artículo dispone que la modificación “Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.” La explicación se limita a lo que el texto expresa: los efectos prácticos —por ejemplo la ejecución de gastos, el impacto sobre personas titulares de puestos, o la implementación administrativa— dependen de la aprobación legislativa, de las certificaciones y oficios que el proyecto incorpora y de las medidas de ejecución presupuestaria que correspondan; por tanto, cualquier consecuencia real solo ocurrirá si el Congreso aprueba el proyecto y si las instituciones ejecutoras hacen los traslados y la gestión administrativa que el texto permite o ordena.