Proyecto 25217: Cambio del esquema de fijación de tarifas eléctricas (eliminar la revisión anual y pasar a revisiones de mediano/largo plazo)

El proyecto propone eliminar la fijación anual de tarifas asociadas al suministro de energía eléctrica por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y sustituirla por un esquema de revisión a mediano y largo plazo con mecanismos de ajuste intermedios; está pendiente de aprobación. El texto presenta como objetivo permitir planificación a plazos más largos, fomentar la competitividad del sector y que los usuarios accedan a "tarifas eléctricas más justas".

El proyecto afecta principalmente a los prestadores del servicio público de suministro de energía eléctrica, a la ARESEP, a grandes consumidores e inversionistas y, en consecuencia, a los hogares y usuarios finales. En la práctica, los prestadores del suministro eléctrico deberán presentar un estudio ordinario de tarifas con una periodicidad quinquenal (al menos una vez cada cinco años) y la ARESEP aplicará, para este sector, modelos de ajuste con carácter quinquenal en lugar de la revisión anual que existía. Esto implica que las solicitudes y las revisiones de tarifas podrán organizarse en periodos de varios años, lo que según el proyecto facilita acuerdos de largo plazo entre consumidores e inversionistas.

En cuanto al funcionamiento concreto, el proyecto reforma los artículos que regulan la solicitud y la fijación de tarifas: mantiene la distinción entre fijaciones ordinarias y extraordinarias, establece criterios que la ARESEP debe tomar en cuenta (por ejemplo equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia económica) y faculta a la autoridad para aplicar modelos de ajuste anual en función de variables externas; sin embargo, cuando se trate del servicio público de suministro de energía eléctrica la aplicación de modelos de ajuste tendrá carácter quinquenal. Si se dan variaciones importantes por caso fortuito o fuerza mayor, podrán hacerse fijaciones extraordinarias.

Busca reducir las distorsiones de revisiones tarifarias constantes, promover la eficiencia operativa de las empresas de suministro, incentivar inversiones en infraestructura y tecnologías más eficientes, y mejorar la previsibilidad de costos para consumidores y empresas. También señala un propósito social: que un esquema más eficiente pueda traducirse en tarifas más accesibles para hogares, especialmente en comunidades vulnerables, y en condiciones más favorables para la instalación de empresas fuera de la Gran Área Metropolitana.

Sobre plazos y vigencia, el proyecto establece que la ley regirá a partir de su publicación y que el Poder Ejecutivo deberá emitir la reglamentación respectiva en un plazo de seis (6) meses contados desde la entrada en vigor. Además el texto fija la obligación práctica para los prestadores del suministro eléctrico de presentar el estudio ordinario al menos cada cinco (5) años.

El expediente identificado como 25217 fue presentado el 24 de septiembre de 2025 por las diputadas Kattia Cambronero Aguiluz y Johana Obando Bonilla y publicado el 8 de octubre de 2025 (Gaceta N.º 188); el proyecto sigue su trámite parlamentario y todavía debe ser aprobado para convertir sus propuestas en ley.