Proyecto 25216: permitir que cooperativas y municipalidades compren energía renovable directamente a generadores privados

El proyecto propone habilitar que los generadores de electricidad, incluidos los privados, vendan energía renovable directamente a las Cooperativas de Electrificación Rural y a las Empresas de Servicios Públicos Municipales del país. Esta es la decisión central del articulado: crear un canal de compra-venta directo entre generadores y esas empresas distribuidoras, con el objetivo declarado de promover competencia, facilitar compra a precios más accesibles e impulsar energías renovables.

Las Cooperativas de Electrificación Rural y las Empresas de Servicios Públicos Municipales quedan autorizadas a comprar energía producida por centrales eléctricas renovables que pertenezcan a empresas privadas o cooperativas. Los contratos de compra que suscriban para este fin deben ser ratificados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). En la práctica, esto significa que esas distribuidoras locales podrán negociar acuerdos directos con generadores privados, pero la tarifa y la formalización del contrato pasarán por la supervisión de ARESEP.

El proyecto regula además la interconexión de esos generadores al Sistema Eléctrico Nacional. Las empresas privadas o cooperativas generadoras tendrán derecho a interconectarse al sistema, siempre que cumplan los requisitos técnicos y administrativos que determine ARESEP y paguen el peaje correspondiente por el uso de las redes. Para plantas renovables que no requieren concesión, el plazo máximo del Contrato de Conexión será de 20 años, prorrogable. El documento también indica que, cuando se cumplan los requisitos, el ICE, las cooperativas o las empresas municipales no podrán discriminar el acceso al servicio de interconexión.

Sobre precios y supervisión, el proyecto dispone que ARESEP definirá las tarifas aplicables para la compra de energía por parte de las entidades mencionadas. Es decir, la regulación tarifaria de estas compras recae en la autoridad reguladora, que debe fijar las reglas económicas que regirán esos contratos.

El Poder Ejecutivo deberá emitir o actualizar la reglamentación necesaria en un plazo no mayor a seis (6) meses desde la entrada en vigencia de la ley; y ARESEP deberá establecer las tarifas previstas en la ley en un plazo no mayor a seis meses desde la entrada en vigencia. Esos plazos condicionan cuándo podrán operar plenamente los nuevos mecanismos de compra directa.

Señala un aumento de la generación térmica y costos asociados, y da cifras para ilustrarlo. Por ejemplo, registra que en 2023 el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) destinó aproximadamente ¢66.334 millones a la compra de combustibles para generación térmica, frente a ¢8.266 millones en 2022, lo que el texto describe como un incremento del 702%. Estos antecedentes se usan para justificar la apertura de canales comerciales que incrementen la participación de generadores privados y la diversidad de oferta.

El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa. Mientras no se convierta en ley, sus disposiciones son propuestas que requieren trámite y votación para entrar en vigor. La explicación anterior se limita al contenido y plazos que aparecen en el texto presentado por las diputadas proponentes y a las reglas y condiciones que el propio proyecto establece para su aplicación.