Aprobación del Protocolo de Montreal (2014) que modifica el Convenio de Tokio sobre infracciones cometidas a bordo de aeronaves (Proyecto 25207)

El proyecto propone aprobar el Protocolo de Montreal de 2014, que modifica el Convenio de Tokio (sobre infracciones y ciertos actos cometidos a bordo de aeronaves), de modo que Costa Rica acepte las enmiendas internacionales y las incorpore a su derecho interno. El texto del proyecto aparece en el expediente 25207 y plantea aprobar “en cada una de sus partes, el PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO…”, es decir, la decisión concreta es la adopción del Protocolo tal como fue firmado en 2014.

El cambio práctico más importante es ampliar y clarificar quién puede ejercer jurisdicción penal sobre las infracciones ocurridas a bordo de una aeronave. Además del Estado de matrícula (la autoridad del país donde está registrada la aeronave), el Protocolo recoge situaciones en que otros Estados pueden ejercer jurisdicción: por ejemplo, cuando la aeronave aterriza en el territorio de un Estado y el presunto infractor continúa a bordo, o cuando la aeronave es de un explotador cuyo domicilio o residencia permanente está en otro Estado. En la práctica esto significa que, bajo las condiciones fijadas, el Estado donde aterriza la aeronave o el Estado del explotador podrán abrir investigación o procesos por delitos cometidos a bordo.

Autoriza al comandante de la aeronave a imponer “medidas razonables, incluso coercitivas”, cuando tenga razones fundadas para creer que alguien cometió o está por cometer una infracción a bordo; permite que el comandante entregue a una persona a las autoridades del Estado donde aterrice si existen razones fundadas; y reconoce el papel de los oficiales de seguridad a bordo (IFSO), otorgándoles ciertas protecciones y la posibilidad, bajo condiciones (por ejemplo, cuando hay un acuerdo entre Estados), de tomar medidas preventivas sin la autorización del comandante. En la práctica, esto formaliza y limita quién puede actuar dentro del avión para proteger la seguridad y cómo se podrá entregar a un presunto infractor a las autoridades.

Exige que los Estados que ejerzan jurisdicción consulten y coordinen acciones cuando haya investigaciones o procesos simultáneos sobre los mismos hechos. También contiene una disposición que “alienta” a los Estados a iniciar procedimientos penales o administrativos contra personas que cometan en vuelo actos como agresiones a la tripulación o la negativa a obedecer instrucciones legítimas del comandante; esto significa una recomendación para que cada país adopte, en su legislación, figuras y sanciones para esos comportamientos.

En cuanto a condiciones, excepciones y límites, el texto mantiene que las medidas y la jurisdicción se aplican solo en las hipótesis concretas previstas (por ejemplo: aterrizaje con presunto infractor todavía a bordo; amenaza a la seguridad de la aeronave o de las personas; aeronave arrendada sin tripulación al explotador con sede en un Estado), y dispone que nada de lo previsto obliga a un Estado a crear programas de oficiales de seguridad extranjeros ni altera las garantías de debido proceso. El Protocolo incluye disposiciones sobre coordinación entre Estados y sobre la no exclusión de otras jurisdicciones penales nacionales: “El presente Convenio no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de acuerdo con las leyes nacionales”.

Establece que el Protocolo debe someterse a ratificación, aceptación o aprobación ante la Organización de Aviación Civil Internacional (el depositario) y fija que entrará en vigor conforme a las reglas del Protocolo (es decir, tras cumplirse los requisitos de depósito de instrumentos de ratificación/adesión). En la práctica, Costa Rica aprobaría y luego, mediante los trámites nacionales correspondientes, ratificaría o adheriría el Protocolo para que produzca efectos internacionales.

Este resumen se basa en el texto del proyecto (expediente 25207) y en los artículos que incorpora (por ejemplo, los artículos que modifican la competencia jurisdiccional y los artículos que regulan las medidas a bordo). El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa; la aprobación aquí propuesta no significa que el Protocolo ya esté vigente en Costa Rica hasta que se completen los pasos formales nacionales e internacionales requeridos.