Proyecto 25206: Ley para endurecer sanciones por apoderamiento ilegal de combustibles, crear UPED y controles a mangueras

El proyecto propone ampliar y endurecer las conductas penales y los controles administrativos vinculados al apoderamiento ilegal de combustibles y a delitos conexos, crear una unidad especializada para proteger los ductos y establecer registros y multas para ventas de mangueras industriales; el expediente es el 25206 y la propuesta está pendiente de aprobación (publicada el 2025-10-14).

El proyecto extiende el objeto de la norma más allá del llamado «apoderamiento» y enumera expresamente las conductas que busca sancionar: apoderamiento, distribución, suministro, transporte, comercialización, tenencia, manipulación, almacenamiento y ocultamiento ilegítimo de combustibles y sus mezclas, además de la introducción ilegal de esos productos al territorio nacional. En la práctica, esto significa que muchas actividades relacionadas con combustibles que se realicen sin la debida autorización o fuera de las normas podrían ser tratadas como delitos según la nueva redacción.

El texto fija penas concretas según la conducta. Por ejemplo, a quien en el territorio nacional transporte, distribuya o comercialice combustibles o sus mezclas de manera ilegítima se le impondría pena de prisión de cinco a quince años. La misma regla se aplica a la posesión ilegítima para esos fines cuando no se puede demostrar la procedencia legal.

Para quienes se apoderen, dañen, alteren o manipulen ilegítimamente los sistemas e instrumentos de control de los combustibles —por ejemplo equipos de medición, válvulas o sistemas de monitoreo— se establece pena de prisión de tres a ocho años. En la práctica, eso alcanza a quienes dañen o interfieran las herramientas que permiten controlar el flujo o la medición del producto.

El proyecto también sanciona la disposición ilegítima de combustibles exonerados (productos con autorizaciones especiales) con penas que van de tres a cinco años cuando alguien posea, compre, venda o comercialice esos combustibles sin poder demostrar su procedencia legítima; además contempla aumentos de pena si la venta o suministro tiene fines conexos como narcotráfico o piratería, según las condiciones que señala el texto.

El texto responsabiliza penalmente a las personas jurídicas cuando las actividades delictivas se realicen en su nombre o por su cuenta y en beneficio directo o indirecto de la entidad. En la práctica, esto hace posible perseguir y sancionar empresas que se beneficien de estas conductas, además de a las personas físicas responsables.

En el ámbito administrativo y preventivo, el proyecto obliga a distribuidores y vendedores de «mangueras industriales» (las que se usan para trasvasar o extraer combustible) a llevar un registro detallado de todas las ventas mayores a cien (100) metros de manguera, incluyendo datos del comprador, descripción del producto y cantidad vendida; esos formularios deberán ser enviados a RECOPE mensualmente en el formato que la entidad establezca. El incumplimiento de estas obligaciones se considera infracción y podrá sancionarse con multas: diez salarios base por la primera infracción y 15 salarios base en caso de reincidencia.

Como medida operativa, el proyecto crea la Unidad de Protección Especial de Ductos de Combustible (UPED), adscrita a RECOPE, cuya misión será vigilar, proteger y asegurar el Sistema Nacional de Combustibles y prevenir y auxiliar en acciones para evitar y detener actividades ilícitas relacionadas con ductos y poliductos. El personal de la UPED, en ciertos casos y de forma expresa en el texto, podrá ostentar el carácter de autoridad de policía auxiliar y estará facultado, en casos de flagrancia, para realizar detenciones y decomisar combustibles, vehículos y equipo utilizados en la comisión del delito.

El proyecto impone obligaciones de transparencia y control interno al personal de RECOPE que tenga relación directa o indirecta con el Sistema Nacional de Combustibles: una declaración jurada inicial de situación patrimonial dentro de los treinta días hábiles siguientes al nombramiento, una declaración anual dentro de los primeros quince días hábiles de mayo y una declaración final dentro de los treinta días hábiles al cese de funciones; además el documento indica que RECOPE mantendrá un registro confidencial de esas declaraciones y podrá usarlas para averiguaciones internas.

Encarga al Poder Ejecutivo dictar el reglamento de la ley en un plazo de seis (6) meses; fija que RECOPE en plazos transitorios (seis y doce meses, según el transitorio correspondiente) deberá establecer formularios, procedimientos internos y dotar de recursos y estructura para la UPED y para el registro de ventas de mangueras. La entrada en vigor de la norma se dispone «a partir de su publicación», por lo que muchas medidas requerirán el reglamento y acciones administrativas posteriores para ser plenamente operativas.

RECOPE (como propietario y administrador del sistema), los vendedores y distribuidores de mangueras industriales, las personas físicas o jurídicas que participen en la importación, transporte, almacenamiento y comercialización de combustibles, y el personal que trabaje en RECOPE o en la nueva UPED. El proyecto combina sanciones penales (penas de prisión según la conducta), responsabilidad penal de empresas, controles administrativos (registros mensuales y multas) y la creación de un órgano operativo (UPED) para prevenir y responder a incidentes; todo ello está sujeto a la aprobación final de la Asamblea Legislativa y a la posterior regulación y asignación de recursos para su implementación.