Proyecto 25200: Proyecto para añadir medidas cautelares y competencia a la jurisdicción contencioso-administrativa en casos de incremento patrimonial sin causa lícita

El proyecto propone adicionar los artículos 20 bis, 20 ter y 22 bis a la Ley 8754 (Ley contra la Delincuencia Organizada, de 22 de julio de 2009) para fortalecer la función de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. El expediente es el 25200, propuesto por José Joaquín Hernández Rojas, y la iniciativa está pendiente de aprobación.

El cambio afectaría procedimientos sobre el “incremento de capital sin causa lícita aparente” (es decir, cuando el patrimonio de una persona crece sin explicación aparente) y establece pasos procesales nuevos: medidas cautelares anticipadas y provisionales solicitadas por el Ministerio Público, reglas especiales de notificación y la competencia de los órganos contencioso-administrativos para conocer estos casos.

Antes de presentar la denuncia por incremento patrimonial sin causa lícita aparente, el Ministerio Público podrá pedir al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que adopte una medida cautelar destinada a asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés. La medida se decreta a solicitud de parte y la autoridad judicial podrá autorizarla cuando existan elementos suficientes para determinar, con grado de probabilidad, que los bienes podrían ser distraídos u ocultados. Una vez adoptada la medida se concederá audiencia a las partes por tres días hábiles sin efectos suspensivos, y el juez podrá mantener, modificar o revocar la medida tras valorar las pruebas y alegatos.

Si la medida cautelar es admitida, el juez emitirá los mandamientos necesarios para anotación e inmovilización registral de bienes muebles e inmuebles y podrá ordenar la congelación preventiva en el sistema financiero; además, la Contraloría General de la República y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) podrán personarse al proceso como coadyuvantes. Tras la concesión de la medida, el Ministerio Público deberá interponer la denuncia en el plazo de un mes contado desde la notificación del auto que ordena la medida; si se decreta la caducidad de la medida cautelar, la misma instancia legitimada para denunciar no podrá repetir la gestión salvo que aporte motivos diferentes sustentados en hechos nuevos.

Además de los medios previstos en la Ley 8687 (Notificaciones Judiciales), la notificación del traslado de la denuncia podrá practicarse, por ejemplo, a personas jurídicas por medio de su representante personalmente o en su casa de habitación o en el domicilio real; asimismo quedarán notificadas en el domicilio contractual, social, real o registral. La autoridad jurisdiccional que conoce de la denuncia podrá ordenar al personal del Organismo de Investigación Judicial que apoye a la Oficina de Notificaciones cuando la diligencia represente un riesgo para la seguridad del notificante o del notificado y, si está debidamente justificado, también podrá ordenar la detención y presentación de la persona a notificar para realizar la diligencia en estrados judiciales.

Corresponderá a la Jurisdicción Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda conocer de los asuntos por incremento de capital sin causa lícita aparente; el Juzgado Contencioso Administrativo conocerá en primera instancia y el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda conocerá en alzada mediante recurso de apelación. Contra el auto que resuelva la medida cautelar anticipada y provisional solo cabrá recurso de apelación sin efecto suspensivo, dentro del plazo de veinticuatro horas. La prueba ofrecida en segunda instancia queda supeditada a la admisión o rechazo que decida el Tribunal de Apelaciones; esa prueba no podrá suplir deficiencias demostrativas indicadas por la sentencia impugnada salvo que se trate de prueba nueva posterior a la sentencia y evaluable por el Tribunal.

La vigencia del texto propuesto comienza “a partir de su publicación”. Está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa; la explicación anterior describe lo que el proyecto propone y las condiciones y plazos que establece, pero no implica que esas reglas ya estén vigentes.