Proyecto 25186: Proyecto de ley que crea un impuesto ambiental para conservar la Zona Protectora Cerro de La Carpintera

El proyecto propone crear un Impuesto Ambiental municipal del 0,03% sobre el valor fiscal de los bienes inmuebles ubicados en el cantón de La Unión, con el objetivo de recaudar recursos exclusivos para la conservación, protección y gestión de la Zona Protectora Cerro de La Carpintera (ZPCC). El texto establece al impuesto como un tributo adicional ligado al impuesto de bienes inmuebles municipal y determina quiénes serían sujetos pasivos: las personas físicas o jurídicas propietarias de inmuebles en el cantón de La Unión. El proyecto está pendiente de aprobación.

El cobro y cálculo. La tasa propuesta es 0,03% aplicada sobre el valor fiscal del inmueble (se indica la fórmula: (Valor del terreno + construcciones + obras complementarias) x 0.03). El impuesto se emite en forma anual: comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año calendario. La persona propietaria puede pagar el total en forma adelantada o en cuotas trimestrales según lo que señale la municipalidad; el incumplimiento genera recargos e intereses conforme al reglamento municipal.

Destino y uso de los recursos. Los fondos recaudados se entregan a la Administración Tributaria de la Municipalidad de La Unión y deben destinarse a medidas para el resguardo y protección de la ZPCC, a programas ambientales para disminuir el deterioro y, de forma explícita, a la compra de propiedades privadas dentro de la ZPCC para destinarlas a la protección. El proyecto autoriza a la Municipalidad a adquirir terrenos estratégicos dentro de la zona por compra directa, donación o compensaciones ambientales.

Otras medidas operativas y de gestión. El texto faculta a la Municipalidad de La Unión para crear la “Escuela de Urbanismo y Concientización Ambiental” orientada a programas educativos sobre ordenamiento territorial y la importancia de la ZPCC; y prevé mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas en coordinación con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para la gestión, ejecución y fiscalización de los recursos del impuesto.

Limitaciones, sanciones y control. El proyecto limita las construcciones y actividades humanas dentro de la ZPCC a las que estén expresamente aprobadas por el Plan de Manejo vigente. Para el caso de incumplimiento en el pago del impuesto, se establecen medidas sancionatorias administrativas: la Municipalidad podrá impedir la emisión o renovación de permisos municipales y aplicar multas mensuales equivalentes al dos por ciento (2%) del monto adeudado por cada mes de atraso, hasta un tope acumulado anual del veinticuatro por ciento (24%). Además la municipalidad ejercerá potestades recaudatorias, fiscalizadoras y sancionatorias propias del carácter tributario del impuesto.

Plazos, regulación y vigencia. El proyecto dispone que el Poder Ejecutivo, en coordinación con la Municipalidad de La Unión, debe reglamentar la ley en un plazo de 90 días tras su promulgación. La norma, si se aprueba y promulga, entraría en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.

Estimaciones y razones expuestas en el proyecto. Como referencia a la necesidad del impuesto, el proyecto describe amenazas a la ZPCC (construcciones ilegales, deforestación, contaminación hídrica y limitaciones de fiscalización) y presenta una estimación municipal de costos: indica que el monto anual de operación estimado para conservar y proteger la ZPCC sería de ₡53.303.961,66; que en 15 años se requeriría un total de ₡575.303.961,66; y que, dentro de ese horizonte, se apartaría para compra de terrenos un total de ₡522.000.000,00.

Qué cambia en la práctica y a quién afecta. Si se aprueba, los propietarios de inmuebles en el cantón de La Unión verían un cargo adicional vinculado al valor fiscal de su propiedad que la municipalidad recaudaría junto con otros tributos. La Municipalidad de La Unión tendría la responsabilidad de recaudar, administrar y aplicar esos fondos en medidas de protección, adquisición de tierras y programas educativos, con mecanismos de participación ciudadana y coordinación con SINAC. Los apoyos, sanciones y la operativa concreta dependerían del reglamento que debe dictar el Poder Ejecutivo y de la aprobación final del proyecto por la Asamblea Legislativa.