Proyecto de ley 25185: Cambio en la distribución de porcentajes del impuesto sobre bienes inmuebles para fortalecer el mapa catastral y destinar recursos a prevención de la violencia

El proyecto propone reformar los artículos 30 y 37 de la Ley N° 7509 (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y los artículos 16 y 17 de la Ley N° 10475 (Prevención de la violencia en personas menores de edad y personas jóvenes) para cambiar cómo se destinan porcentajes del impuesto territorial y así fortalecer el mapa catastral de Costa Rica. Se trata de un proyecto de ley (expediente 25185) presentado por José Joaquín Hernández Rojas y está pendiente de aprobación.

El proyecto obliga a las municipalidades a girar cada año, a través de su presupuesto ordinario, un uno por ciento (1%) de lo que recaudan por el impuesto de bienes inmuebles al Ministerio de Justicia y Paz; ese monto deberá ser transferido de manera inmediata al Registro Inmobiliario según lo indica el propio articulado. Ese dinero que reciba el Registro Inmobiliario se usará para la ejecución, conservación, mantenimiento y accesibilidad del mapa catastral del país, en el marco de la Ley del Catastro Nacional.

El proyecto establece además que las municipalidades deberán girar anualmente un dos por ciento (2%) del ingreso anual recaudado por el impuesto de bienes inmuebles y detalla la distribución de ese 2%: a) el 1% ya mencionado va al Ministerio de Justicia y Paz para ser transferido al Registro Inmobiliario para el mapa catastral; b) el 0,60% va al Ministerio de Justicia y Paz y se divide en dos subdestinos: el 90% de ese 0,60% se destinará al desarrollo de programas de prevención incluidos en los planes del Viceministerio de Paz (y estos recursos no podrán usarse para gastos administrativos, creación de plazas ni pago de remuneraciones), y el 10% restante del 0,60% será para desarrollar y aplicar un índice de seguridad ciudadana en prevención de la violencia; c) el 0,40% restante se destina dentro del presupuesto institucional municipal a programas de prevención de la violencia que desarrolle la municipalidad, en coordinación con instancias públicas como el Sistema de Seguridad Ciudadana y la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y la Promoción de la Paz Social.

El Registro Nacional / Registro Inmobiliario tiene la obligación, según el texto del proyecto, de remitir mensualmente a las municipalidades, por los medios tecnológicos digitales que disponga, la información catastral y la información de personas jurídicas indispensable para la gestión del impuesto sobre bienes inmuebles, de modo que las municipalidades cuenten con la información necesaria para administrar ese tributo y para la gestión del mapa catastral.

En su articulado se modifica lo que corresponda de los numerales para que las nuevas distribuciones y obligaciones queden alineadas con la ley sobre prevención de la violencia. El texto indica que, de conformidad con el transitorio único de la ley antes mencionada, dichas modificaciones entrarán a regir a partir del 1° de enero de 2027.

El expediente es el 25185, la fecha de inicio registrada es 2025-09-03, la fecha de publicación es 2025-09-17 en la Gaceta N° 173, y el proponente es José Joaquín Hernández Rojas. El documento es un proyecto de ley ordinario y sigue su trámite parlamentario; por tanto, las reformas descritas no son ley hasta que el órgano legislativo las apruebe y se publiquen según corresponda.