Proyecto que modifica el inciso 12 y añade un inciso para integrar y fortalecer la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional (Expediente 25172).

El proyecto propone modificar el inciso 12 y adicionar un nuevo inciso del artículo 345 de la Ley General de Salud (Ley 5395) con el fin de integrar y fortalecer la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional; está pendiente de aprobación.

Actualmente el inciso habla de “determinar de común acuerdo con los organismos correspondientes la política de nutrición de la población y las medidas necesarias para suplementar la dieta cuando sea procedente.” La iniciativa propone que esa determinación se haga de manera explícita y coordinada con ministerios e instituciones concretas, integrando a varios actores del sector público en la elaboración y ejecución de la política.

La adición que acompaña a la modificación crea un inciso que obliga a dictar normas alimentarias y nutricionales para el ámbito educativo y para las instituciones públicas que brindan servicios de alimentación. Ese inciso dispone que, escuchando el criterio del Ministerio de Educación Pública, las universidades públicas y el Consejo Superior de Educación, se definan las normas que deben aplicarse desde el nivel preescolar hasta el universitario y en las instituciones públicas que brindan servicios asistenciales o atienden poblaciones vulnerables. También exige definir estrategias educativas y formativas en materia alimentaria y nutricional.

En la práctica, si el proyecto se aprueba tal como está redactado, cambia quiénes participan en el diseño de la política y cómo se aplica en escuelas y en otras instituciones públicas que ofrecen alimentos. El Ministerio de Salud conservaría un rol central de coordinación, pero la norma obliga a trabajar “de común acuerdo” con ministerios e instituciones señaladas y a tomar en cuenta el criterio del Ministerio de Educación Pública y de las universidades y organismos de educación superior cuando se dicten normas para servicios de alimentación en el sistema educativo y en instituciones que atienden poblaciones vulnerables.

Respecto a alcance y vigencia procesal, el expediente oficial es el número 25172; la iniciativa fue presentada por la diputada Ada Gabriela Acuña Castro y el expediente registra fecha de publicación el 2025-09-05 y un vencimiento cuatrienal el 2029-08-27. El texto incluye la frase que condiciona la vigencia al proceso de publicación: “Rige a partir de su publicación.” Esto significa que las obligaciones descritas producirían efectos sólo si el proyecto se aprueba y se publica como ley. Los trámites internos del expediente (presentación, remisión a comisión, dictamen, recepción en el Plenario, etc.) están registrados en el expediente y determinan su estado en el proceso legislativo.

La propuesta nombra expresamente a instituciones que deben participar en la política y a los sectores que deberán aplicar las normas (educación desde preescolar hasta universidad; instituciones públicas que brindan servicios públicos y asistenciales; y entidades que atienden poblaciones vulnerables).