Proyecto 25171: Protección contra deepfakes: prohibición, penalización y remedios para imitaciones digitales de voz, imagen y creaciones artísticas

El proyecto propone crear una ley que prohíbe, penaliza y regula el uso no consentido de imitaciones digitales (deepfakes) de la voz, la imagen, los gestos y otras características personales, y que añade mecanismos civiles y responsabilidades para quienes las produzcan o difundan. La norma busca actualizar la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el Código Penal, el Código Electoral y el Código Civil para abordar la suplantación mediante tecnologías de inteligencia artificial y proteger a artistas, intérpretes, ejecutantes y cualquier persona afectada. El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El texto modifica la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos para definir expresamente a “artista intérprete o ejecutante” y la “imitación digitalmente generada” y para prohibir la puesta a disposición pública de esas imitaciones sin el consentimiento expreso de la persona o artista. En la práctica, esto significa que publicar o difundir una voz o imagen generada o alterada por IA que imite a alguien sin su permiso estaría prohibido en el ámbito de derechos de autor y derechos conexos.

Permite que las imitaciones hechas con el consentimiento del autor sean tratadas como protegidas bajo los mismos términos que la obra original; autoriza usos claramente identificables como parodia, sátira o crítica social o artística cuando la imitación sea reconocible como tal y no cause daño a la reputación o derechos fundamentales; y limita usos que constituyan desinformación que cause daño efectivo a la honra, imagen, seguridad, privacidad o bienes del afectado. Estas excepciones fijan condiciones específicas para que ciertos usos de imitaciones digitales sean permitidos.

En materia penal, el proyecto modifica el artículo sobre suplantación de identidad para incluir expresamente la suplantación mediante “deepfakes” y define este concepto como “contenido audiovisual manipulado mediante inteligencia artificial, que permite sintetizar o alterar imágenes, videos o audios para que parezcan auténticos.” La conducta de suplantar identidad por redes sociales, sitios web u otros medios electrónicos, incluyendo mediante deepfakes, se castigaría con pena de prisión de uno a tres años, según la redacción propuesta.

Para el ámbito electoral, la propuesta prohíbe propaganda que use técnicas de manipulación digital (incluyendo deepfakes, suplantación de voz o alteraciones mediante IA) para inducir a votar o a no hacerlo mediante contenidos falsos o distorsionados. Además, obliga a partidos políticos y candidatos a identificar con la leyenda ‘CONTENIDO GENERADO POR IA’ cualquier material audiovisual o sonoro creado o alterado mediante IA cuando se utilicen voz, imagen o rasgos característicos de una persona. También añade un artículo que prohíbe crear o difundir contenidos generados o alterados por IA que falsifiquen declaraciones de candidatos o induzcan a error a los electores.

Quien vea violados sus derechos podrá pedir judicialmente la eliminación inmediata del contenido infractor, indemnización por daños y perjuicios (incluyendo daño moral) y la publicación de la sentencia condenatoria a costa del infractor. La responsabilidad alcanza solidariamente a quienes crearon, difundieron o facilitaron técnicamente el acceso público a las imitaciones digitales realistas sin consentimiento. Además, el Poder Ejecutivo tendría seis meses para reglamentar la ley y ésta regiría a partir de su publicación.

El proyecto afecta a personas físicas (incluidos artistas, intérpretes y ejecutantes), a creadores y productores, a plataformas y a actores políticos en períodos electorales; impondría la exigencia de consentimiento para publicar imitaciones realistas y responsabilidades civiles y penales para quienes las usen sin permiso según las condiciones y excepciones señaladas. Como texto presentado en la Asamblea Legislativa, sus disposiciones son propuestas y solo entrarían en vigor si el proyecto se aprueba y se publica como ley.