Proyecto 25159: Sancionar administrativamente el reingreso no autorizado de personas previamente deportadas y expulsadas

El proyecto propone establecer sanciones administrativas para las personas extranjeras que reingresen al país sin la debida autorización después de haber sido deportadas o expulsadas, mediante adiciones a los artículos 185 y 187 de la Ley General de Migración y Extranjería (Ley N° 8764). El texto se presenta como proyecto de ley y está pendiente de aprobación.

El proyecto incorpora al artículo 185 la previsión de que el ingreso de una persona extranjera previamente deportada, sin la autorización correspondiente o sin el levantamiento expreso de la medida de deportación, será una infracción administrativa sancionable con una multa equivalente a tres salarios base. El artículo 185 ya establece que la persona deportada no podrá reingresar al país por el término de cinco años; además, el director general podrá autorizar excepcionalmente el ingreso antes de ese plazo mediante resolución fundada y conforme al artículo 44 de la ley. Las personas menores de edad no serán sujetas de deportación ni expulsión, salvo en resguardo de su propio interés.

En forma análoga, el proyecto modifica el artículo 187 para establecer que el ingreso al territorio nacional de una persona extranjera previamente expulsada, sin la debida autorización o sin el levantamiento expreso de la medida de expulsión, constituirá una infracción administrativa sancionable con una multa equivalente a seis salarios base. El artículo 187 indica que la persona expulsada no podrá reingresar al país por el término de diez años, y cuando la expulsión se fundamentó en delitos graves (por ejemplo contra menores, violencia contra la mujer, personas con discapacidad o adultos mayores) la prohibición puede elevarse a veinticinco años.

La multa deberá ser cancelada de forma previa a la ejecución de una nueva orden de deportación o expulsión; el impago no suspenderá la ejecución material de la deportación o expulsión, pero generará un crédito exigible por la vía de apremio administrativo. Es decir, la falta de pago no detendrá la medida de salida, pero permitirá al Estado cobrar la multa por las vías administrativas correspondientes.

Sobre el uso de los recursos, el proyecto dispone que las multas recaudadas por estos nuevos artículos se asignarán a la Dirección General de Migración y Extranjería con el fin de fortalecer las funciones operativas, preventivas y de control a cargo de la Policía Profesional de Migración y Extranjería. El Ministerio de Gobernación y Policía, en coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería y con el Ministerio de Hacienda, deberá dictar el reglamento que establezca el procedimiento de notificación, cobro y gestión de las sanciones en un plazo improrrogable de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley.

El proyecto fue presentado bajo el expediente número 25159 por el diputado YONDER ANDREY SALAS DURÁN. Según el registro del trámite, la iniciativa inició el 2025-08-20 y fue publicada el 2025-08-27; se trata de un procedimiento de proyecto de ley ordinario y, al momento del registro, se encuentra en el trámite de comisión para ingreso al orden del día y debate. Está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

Rige a partir de su publicación si se aprueba, conforme al texto transitorio incluido en el proyecto. Los detalles operativos sobre cobro, notificación y administración de las multas deberán regularse mediante reglamento en el plazo señalado por el propio proyecto.