Proyecto de ley 25154: Ley para la atención integral de la vulnerabilidad social en la vivienda

El proyecto propone crear la "Ley para la atención integral de la vulnerabilidad social en la vivienda" con el objetivo de promover, facilitar y establecer acciones para atender de manera integral las condiciones de vulnerabilidad social en viviendas y asentamientos humanos del país; es un proyecto de ley presentado por la diputada Montserrat Ruíz Guevara y está pendiente de aprobación. El expediente identificado con el número 25154 fue presentado y publicado en los trámites parlamentarios señalados; la iniciativa aún no es una norma aprobada y requiere los procesos legislativos correspondientes.

Busca promover, facilitar y establecer acciones para la atención integral de las condiciones de vulnerabilidad social en las viviendas y asentamientos humanos mediante procesos de intervención institucional. El texto especifica que dichas acciones se orientan a preservar la seguridad y los derechos humanos de las personas que habitan esas viviendas, garantizar la dignificación del hábitat, fomentar la inclusión social de sus habitantes y asegurar la participación de las personas en la toma de decisiones.

El proyecto determina a qué instituciones se aplica obligatoriamente y, por tanto, quiénes tienen responsabilidades. La ley sería de aplicación obligatoria para el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), las municipalidades, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Sistema de Emergencias 9-1-1, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS). El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) se señala como encargado de la supervisión integral del programa que establece la ley.

En cuanto al funcionamiento práctico, el proyecto crea un Programa Nacional de Atención Integral de la Vulnerabilidad Social en la Vivienda que se regirá por la coordinación institucional. El MIVAH y el INVU tendrían la responsabilidad de liderar la coordinación interinstitucional del programa; MIDEPLAN supervisaría de forma integral; y las instituciones listadas deben realizar acciones concretas según sus competencias, como liderar la coordinación, mantener registros y aplicar protocolos. El texto señala de manera explícita que las instituciones involucradas “realizarán las siguientes acciones” y enumera responsabilidades de cada una.

Las acciones se destinan a poblaciones en situación de vulnerabilidad social, pobreza y pobreza extrema que habitan en asentamientos informales, cuarterías, pensiones y otras estructuras de vivienda donde habite más de un núcleo familiar. El documento describe además un perfil sociodemográfico de vulnerabilidad que incluye a mujeres jefas de hogar, personas adultas mayores y familias con niñas y niños en condiciones de pobreza, lo que justifica la focalización de las medidas.

La iniciativa incluye un enfoque de regeneración urbana y participación comunitaria para transformar progresivamente asentamientos informales y entornos degradados. Define regeneración urbana como un conjunto de intervenciones planificadas, integrales y participativas orientadas a mejorar infraestructura física, acceso a servicios públicos, regularizar la tenencia de la tierra, promover la inclusión social y fortalecer el tejido comunitario; además establece criterios como la accesibilidad universal, resiliencia climática y sostenibilidad y menciona la prevención del desplazamiento forzoso.

Propone adicionar un inciso al artículo 16 de la Ley de Planificación Urbana para incluir el abordaje y atención de asentamientos informales y otras estructuras de vivienda en situación de vulnerabilidad, y añadir incisos al artículo 4 del Código Municipal para que las municipalidades cuenten con un registro actualizado de asentamientos informales y coordinen acciones de inspección, fiscalización e intervención con autoridades competentes. Es decir, impone tareas concretas a los municipios relacionadas con identificación, registro y gestión de estos lugares.

Sobre plazos y vigencia, el texto establece que el Poder Ejecutivo y las municipalidades deberán emitir reglamentos para la aplicación de la ley en un plazo máximo de 12 meses posteriores a su entrada en vigor, y que la norma regiría “a partir de su publicación”. Estos son los plazos que el proyecto fija para que las autoridades reglamenten y comiencen a aplicar lo que la ley dispone si se aprueba.

El proyecto está pendiente de aprobación y, como proyecto, sus disposiciones aún no producen efectos jurídicos hasta que el Plenario y las comisiones competentes completen el trámite legislativo y, en su caso, se publique la ley y sus reglamentos.