Proyecto 25129: Reforma para ampliar sujetos obligados y sanciones en la Ley 7786 (prevención del lavado y financiamiento del terrorismo)

El proyecto propone reformar la Ley Nº 7786 para modificar los artículos 15 bis, 15 ter y 81 y agregar un artículo 15 quinquies, con el fin de ampliar quiénes son sujetos obligados en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo y de fortalecer el régimen sancionatorio. El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo como expediente 25129, publicado el 08/08/2025, y está pendiente de aprobación.

El texto plantea incluir nuevas actividades y sectores dentro de las obligaciones de prevención (inscripción, reportes, controles y supervisión) que hoy aplica la ley. Entre los ejemplos que el propio proyecto enumera están los casinos; quienes se dediquen profesional y habitualmente a la compraventa de bienes inmuebles; comerciantes de metales y piedras preciosas; agencias y vendedores de vehículos; subastas para compra y venta de ganado; y otras actividades previstas por ley. Es decir, el proyecto amplía la lista de quiénes deben cumplir obligaciones como identificar clientes, mantener registros y reportar operaciones sospechosas.

El proyecto crea reglas específicas para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL). Define un “subsector” de OSFL expuesto a riesgos de financiamiento del terrorismo y exige que las OSFL de ese subsector se registren ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y cumplan medidas preventivas que determine el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). Además obliga a que las operaciones financieras de las OSFL se realicen a través de entidades financieras supervisadas y a mantener información sobre donantes significativos y beneficiarios para controlar el origen y trazabilidad de fondos.

La propuesta establece un régimen de sanciones más claro y amplio. Para las entidades y para los directores o altos cargos se contemplan multas y sanciones disciplinarias; por ejemplo, el proyecto prevé multas para responsables de entre el 5% y el 50% del monto de la transacción cuando se detecten irregularidades, y otras sanciones como multas en salarios base, recomendaciones de suspensión, destitución e inhabilitación para ejercer cargos similares. El proyecto también reforma el artículo 81 para fijar sanciones que dependerán de la gravedad de la falta y otras circunstancias.

Se crea en la Dirección Nacional de Notariado un Área de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. El proyecto exige que en los actos o contratos ante notario en los que medien pagos entre partes los comparecientes declaren, bajo juramento, el monto, la forma y el medio de pago, el origen de los recursos y otros datos que permitan identificar la operación.

El proyecto busca alinear la normativa costarricense con observaciones internacionales señaladas en la exposición de motivos: en particular con la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre protección focalizada de las OSFL frente al financiamiento del terrorismo y con la Recomendación 35 sobre un régimen sancionatorio efectivo. En la exposición se indica que la reforma pretende resolver vacíos normativos señalados por evaluaciones y asistencia técnica.

El expediente 25129 fue presentado por el Poder Ejecutivo y, según el registro, avanza por comisiones y plenario; el propio proyecto incluye la frase que establece su entrada en vigor “Rige a partir de su publicación”, lo que indica que, de aprobarse, comenzaría a aplicarse desde su publicación oficial. Mientras tanto, sigue siendo un proyecto y no tiene fuerza de ley hasta que el Plenario lo apruebe en sus debates y procedimientos correspondientes.

Pendiente de aprobación, el proyecto define obligaciones, excepciones y sanciones concretas que modifican quién debe registrarse, reportar y someterse a supervisión (SUGEF y, en lo notarial, la Dirección Nacional de Notariado) y establece que el CONASSIF fijará el enfoque basado en riesgos para aplicar las normas; los detalles operativos y ciertos alcances (por ejemplo, parámetros exactos de registro por sector o procedimientos reglamentarios) quedarán sujetos a normas reglamentarias y a la autoridad supervisora si el proyecto llega a convertirse en ley.