Pago de la liquidación laboral en un plazo máximo de ocho días (Proyecto de ley 25113)

El proyecto propone añadir un artículo 30 bis al Código de Trabajo (Ley N.º 2, de 27 de agosto de 1943) para establecer un plazo máximo para el pago de la liquidación laboral: exige que el importe por concepto de liquidación se haga efectivo a más tardar en los ocho días siguientes a la fecha en que se dio por concluida la relación laboral. La iniciativa está pendiente de aprobación y, según el texto, la norma “rige a partir de su publicación.”

Obliga a la persona empleadora a pagar a la persona trabajadora el total correspondiente a la liquidación laboral dentro del plazo señalado (ocho días). El proyecto se presenta con la finalidad de “garantizar el pago pronto y cumplido de los derechos laborales de las personas trabajadoras” y se propone como una regla general aplicable al término de la relación laboral.

En la exposición de motivos del proyecto hay referencias a plazos adoptados en la práctica y a criterios administrativos y judiciales: el texto señala que “en la práctica se ha aceptado un período razonable de hasta 8 días naturales” y también menciona que es “importante incorporar un plazo de 8 días hábiles después del despido”. Sin embargo, la redacción del artículo aprobado por el proyecto usa la expresión “ocho días siguientes” sin especificar si son días naturales o hábiles; por tanto, con la sola lectura del articulado no puede saberse de manera definitiva si el plazo es calendario o laborable.

El proyecto se inserta en un contexto jurídico que, según sus considerandos, carece de un plazo explícito en el articulado del Código de Trabajo y ha dado lugar a criterios diversos: el documento cita que “El Código de Trabajo de Costa Rica no establece, en su articulado, un plazo específico” y recuerda criterios del Ministerio de Trabajo y de la Sala Constitucional y de la Sala Segunda de la Corte Suprema que han fijado o interpretado plazos distintos en decisiones y oficios anteriores. La exposición menciona además que la Sala Segunda señaló que, pese a no existir plazo concreto, “resulta razonable que el patrono cumpla con esta obligación dentro del plazo antes señalado” y que la omisión puede dar lugar al pago de intereses moratorios y otras consecuencias legales.

Según el propio texto del proyecto, su objetivo es brindar seguridad jurídica y evitar demoras que afecten la economía de las personas trabajadoras; por ejemplo se indica que la regla permitiría “que no se lesionen los derechos de las personas trabajadoras, permitiéndoles solventar los gastos y necesidades básicas hasta encontrar un nuevo empleo” y que la propuesta “brindaría seguridad jurídica y la concreción de un criterio de justicia de las normas”. Esas frases describen las finalidades y expectativas del proyecto, pero no constituyen efectos ya realizados: serán consecuencias posibles si la norma se aprueba y se aplica.

El articulado que propone el proyecto contiene la obligación y el plazo y establece su vigencia “a partir de su publicación”.