Proyecto 25108: Ley para la creación del Mercado Voluntario de Carbono de Costa Rica

El proyecto propone crear y regular el Mercado Voluntario de Carbono de Costa Rica (MVCCR) como un sistema jurídico que permita, de forma voluntaria, la compra, venta e intercambio de unidades de compensación por reducción o captura de gases de efecto invernadero; está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El texto establece que el MVCCR es un mecanismo alternativo de carácter no obligatorio para comerciar unidades de compensación de emisiones (UCC). En la práctica esto significa que empresas, instituciones o personas podrán optar por emitir, comprar o comercializar esas unidades para compensar emisiones, pero no existiría una obligación legal general de participar.

El proyecto indica cómo deben operar las transacciones y cuáles son las condiciones técnicas mínimas. Todas las operaciones en el mercado voluntario deben contar con certificación y acompañamiento de personas certificadoras autorizadas y con verificación técnica de especialistas acreditados con fe pública. Además, el funcionamiento exige que las transacciones sean medibles, reportables y verificables (MRV), conforme a la Norma INTE 12-01-06:2011 y otras disposiciones técnicas y reglamentarias.

En cuanto a la comercialización y la plataforma de intercambio, el proyecto dispone que las UCC se emitirán, transferirán y comercializarán mediante mecanismos formales como bolsas de comercio y subastas autorizadas. Esas bolsas y subastas actuarán como plataformas oficiales para la negociación y deberán seguir mecanismos de control y supervisión establecidos por la normativa aplicable. La unidad mínima de compraventa será una (1) UCC.

El proyecto declara que el MVCCR complementa, pero no sustituye, los esfuerzos regulatorios del Estado en materia climática. Se presenta como una herramienta para movilizar incentivos económicos hacia la reducción de emisiones y para favorecer modelos productivos sostenibles, sin convertir estas medidas voluntarias en sustituto de normas obligatorias del Estado.

Sobre regulación y autoridades, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar las disposiciones de la ley en un plazo de sesenta días a partir de su vigencia. Asimismo, se reconoce la competencia técnica del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) en materia de cambio climático y se menciona que procesos o compensaciones anteriores a la entrada en operación del mercado podrían ejecutarse por medio de entidades como el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) o con autorización expresa del MINAE.

Los registros de proyectos y de transacciones deberán mantenerse y publicarse conforme a lo que establezcan las bolsas de comercio y el reglamento de la ley para asegurar trazabilidad y acceso público. El proyecto contiene disposiciones transitorias que regulan la administración unificada de registros durante el primer año de funcionamiento y las compensaciones realizadas previamente, pero esas medidas operativas deberán detallarse en el reglamento y en la implementación administrativa posterior.