Proyecto 25101: reforma de sanciones sobre consumo y venta de bebidas alcohólicas para fortalecer la acción municipal

El proyecto propone adicionar un artículo 14 bis, reformar el Capítulo IV (Sanciones) de la Ley N.° 9047, y añadir un artículo 392 bis al Código Penal, con el objetivo de precisar y facilitar la aplicación de sanciones administrativas relacionadas con el consumo y la venta de bebidas con contenido alcohólico, y para que los gobiernos locales puedan actuar de forma más inmediata frente a la venta ilegal en locales comerciales. El texto oficial presenta la modificación del capítulo de sanciones y la incorporación de reglas nuevas para decomisos, partes y sanciones administrativas.

El proyecto está registrado como expediente número 25101 y fue presentado por la diputada Olga Lidia Morera Arrieta y varios diputados; el trámite de presentación aparece en julio de 2025 y la publicación en Gaceta se indica en la documentación del expediente. El texto está pendiente de aprobación por las comisiones y el Plenario; sus efectos surgirían solo si se aprueba y se publica según el procedimiento parlamentario.

En relación con el consumo en vía pública y en sitios públicos, la reforma contiene una redacción que establece sanciones económicas por esta conducta y ordena el decomiso del producto junto con el levantamiento del parte por la autoridad actuante. En concreto, el articulado prevé sanciones de “entre cinco y veinte días multa” para quien sea sorprendido consumiendo en la vía pública y determina que la Fuerza Pública debe decomisar el producto y levantar el parte, entregando los antecedentes a los tribunales. Además, el texto reconoce que las municipalidades que cuenten con cuerpos de Policía Municipal podrán coadyuvar en la aplicación de esa disposición, en coordinación con la Fuerza Pública.

Cuando la comercialización sin la licencia municipal ocurre en locales comerciales y cuando ocurre fuera de locales comerciales. Para venta ilegal en locales comerciales sin la licencia correspondiente, el proyecto incorpora una sanción administrativa que consiste en el cierre del establecimiento por un período de siete días naturales. Para la venta ilegal realizada en lugares que no son locales comerciales, el proyecto mantiene la sanción pecuniaria prevista —una multa entre treinta y setenta días multa— y el decomiso de los productos, que deben ser entregados a los tribunales.

La iniciativa también busca aclarar procedimientos y responsabilidades administrativas que han generado dudas prácticas: cita dictámenes y normas para justificar la necesidad de precisar quién regula el cobro de multas y la custodia de bienes decomisados, proponiendo que las corporaciones municipales estén encargadas de reglamentar esos aspectos. El texto plantea, además, que la reforma se acompañe del fortalecimiento de canales de denuncia accesibles para la ciudadanía, con la intención de facilitar la detección y sanción de infracciones relacionadas con el consumo y la venta ilegal.

Las sanciones y medidas descritas en el proyecto (por ejemplo, montos en días multa, decomisos y cierre temporal por siete días en ciertos casos) son las que quedarían vigentes si el proyecto se aprueba y se publica; el propio proyecto indica que la norma “rige a partir de su publicación”. El documento está en trámite parlamentario y, por tanto, sus propuestas aún no son norma ni generan efectos legales hasta su eventual aprobación y publicación.