Proyecto para regular el registro, control y uso de los bienes del Instituto Costarricense sobre Drogas (expediente 25090)

El proyecto propone modificar la ley sobre estupefacientes para regular con más detalle cómo se registran, controlan y se pueden prestar o usar los bienes (especialmente vehículos) que estén a cargo del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). El objetivo declarado en el texto es evitar usos discrecionales y mejorar la trazabilidad y supervisión del destino de esos bienes. El proyecto está pendiente de aprobación.

El proyecto afecta principalmente al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y a la Unidad de Recuperación de Activos (URA) que depende de él, y también a las entidades públicas que reciben en préstamo bienes decomisados. En la práctica la iniciativa permite que los vehículos decomisados sean dados en préstamo mediante convenio a instituciones públicas, pero establece límites: “No podrán ser utilizados de forma discrecional por ninguna institución pública o persona funcionaria pública.” Esto significa que se mantiene la posibilidad de prestar vehículos, pero prohíbe su uso sin reglas claras.

El proyecto obliga a la URA del ICD a llevar y mantener un registro actualizado del uso de cada vehículo y otros bienes. Ese registro debe incluir datos concretos como número de placa y características del vehículo, fecha y causa legal del decomiso, la institución a la que se presta, la finalidad específica del uso autorizado, el plazo del préstamo, un informe anual de mantenimiento y estado del vehículo, y la persona encargada del seguimiento. Además, para los vehículos dados en préstamo el registro debe cumplir las condiciones del artículo 84 ter que incorpora la iniciativa.

Para vehículos con placa extranjera, no registrados o no nacionalizados que estén en depósito judicial, bastará la solicitud del ICD para que las dependencias autorizadas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Registro Nacional otorguen los permisos y la documentación correspondientes para su circulación temporal e inscripción en el país, según lo requiera la Unidad de Recuperación de Activos.

El incumplimiento del registro y demás disposiciones será considerado falta grave y podrá dar lugar a sanciones administrativas. Con esto, la norma busca que haya consecuencias cuando no se cumpla con la supervisión y el seguimiento del uso de los bienes entregados en préstamo.

Reformar artículos (por ejemplo el 84 y el 139) y adicionar un artículo 84 ter que regula expresamente los préstamos de vehículos a instituciones públicas y las condiciones de uso. También mantiene la regla general de que el ICD debe destinar los bienes “de forma exclusiva al cumplimiento de los fines descritos en la presente ley” y solo en casos muy calificados aprobados por el consejo podrían considerarse otras decisiones sobre esos bienes.

Como antecedente y justificación, el documento cita noticias e investigaciones que señalan un posible uso inadecuado de vehículos decomisados: se menciona una investigación sobre 39 vehículos que podrían haber sido usados para conformar un presunto grupo de espionaje político, y se incluye una tabla con vehículos cedidos por el ICD a distintas instituciones con un “Total general 324”, donde figuran, entre otros, Ministerio de Seguridad Pública (98), Organismo de Investigación Judicial (58), Ministerio de la Presidencia (38) y Correos de Costa Rica S.A. (34). Estas referencias son citadas en la exposición de motivos como parte del contexto que motiva la iniciativa.

El expediente es el número 25090 y el trámite registrado indica inicio el 2025-07-10 y publicación el 2025-07-30; la iniciativa sigue su curso parlamentario y queda pendiente de la aprobación y la entrada en vigor según el procedimiento legislativo que corresponda.