Proyecto 25080: aprobación del Acuerdo sobre transporte aéreo entre Costa Rica y El Salvador

El proyecto propone aprobar el “Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de El Salvador”, firmado en San José el 11 de noviembre de 2024, con el fin de regular las autorizaciones y condiciones para que aerolíneas designadas de cada país operen servicios aéreos entre ambos territorios y hacia terceros destinos. El expediente registrado es el número 25080 y el trámite legislativo sigue su curso, por lo que la aprobación final está pendiente.

El texto otorga a cada Parte la facultad de designar “una o más líneas aéreas por país” para explotar los servicios acordados; en la práctica esto significa que el Estado podrá autorizar a aerolíneas concretas a ofrecer vuelos entre puntos de Costa Rica y El Salvador y, según las rutas y derechos incluidos en el Acuerdo, a operar conexiones con otros países. Esa designación y las operaciones resultantes estarán sujetas a las autorizaciones y controles que establezcan las autoridades aeronáuticas de cada Parte.

En cuanto a los derechos operativos que describe el Acuerdo, en los servicios de pasajeros, carga y correo se acuerda operar “sin límite de frecuencias” y se reconocen “derechos de tráfico de hasta quinta libertad del aire”, lo que permite mayor flexibilidad en la programación y en la utilización de rutas internacionales. Para los servicios exclusivos de carga el Acuerdo prevé que “no tendrán restricción con respecto a frecuencia, capacidad, rutas, tipos de aeronaves y origen y destino de carga” y que podrán ejercer derechos de hasta la “séptima libertad en carga”, lo que amplía la posibilidad de operar rutas entre terceros países bajo las condiciones del acuerdo.

El Acuerdo permite además que las aerolíneas utilicen figuras comerciales de cooperación —por ejemplo código compartido, arrendamiento o intercambio de aeronaves y otros contratos entre empresas— para dinamizar el mercado y ampliar opciones de operación, siempre que tales acuerdos se sometan a los procedimientos de aprobación que exija cada autoridad competente.

Podrán exigir que la empresa designada demuestre que está calificada para cumplir con las leyes, reglamentos y requisitos aplicables; y se conserva el derecho de cada Parte a denegar, cancelar, suspender o imponer condiciones a las autorizaciones de operación cuando existan motivos reguladores, de seguridad o de incumplimiento. Es decir, la apertura de derechos no es automática ni irrestricta: depende del cumplimiento de requisitos técnicos, de seguridad y administrativos.

El texto contiene reglas operativas adicionales que afectan tarifas, cargos y transferencias. Cada aerolínea fijará sus tarifas “basadas en consideraciones comerciales de mercado” con intervención estatal limitada para impedir prácticas discriminatorias o proteger a consumidores; las Partes podrán imponer cargos aeroportuarios “justos y razonables”; y se prevé la transferencia de utilidades respecto de los ingresos obtenidos por las empresas designadas, sujetos a disponibilidad de divisas y a la legislación aplicable.

El Acuerdo incluye un anexo con un Cuadro de Rutas donde se indica que, para la operación entre las Partes, las rutas habilitadas permiten “cualquier punto” en el territorio de cada país y puntos “más allá”, lo que en la práctica autoriza una amplitud de conexiones siempre sujetas a las rutas y condiciones que figuren en el anexo y a la autorización de las autoridades aeronáuticas.

Sobre la entrada en vigor y formalidades, el texto prevé que el Acuerdo entrará en vigencia treinta (30) días después de la fecha de la última comunicación mediante la cual ambas Partes notifiquen el cumplimiento de los requisitos internos, y también indica su registro ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En la práctica, eso significa que los efectos operativos y jurídicos para aerolíneas y autoridades comenzarán una vez se completen las formalidades diplomáticas y el registro internacional.

En cuanto al trámite legislativo en la Asamblea, el expediente 25080 fue presentado el 2025-07-07 y registra una secuencia de comisiones, debates y votaciones en el Plenario; entre las etapas documentadas aparecen el primer debate y votación el 2026-05-19 y la programación de un segundo debate el 2026-10-13, lo que muestra que el proyecto ha seguido el trámite parlamentario y que su aprobación final depende de las votaciones pendientes y de las formalidades posteriores.

El proyecto está pendiente de aprobación; mientras no exista el decreto legislativo y las notificaciones diplomáticas/registro ante la OACI, las disposiciones del Acuerdo no producen efectos obligatorios ni cambios legales vinculantes. Una vez aprobadas y notificadas, las autorizaciones, limitaciones y procedimientos descritos en el texto regularán quién puede volar, con qué derechos, bajo qué condiciones de seguridad y supervisión y cómo se gestionan tarifas, cargos y transferencias entre las Partes.