Proyecto 25077: Reforma de la Ley Forestal para autorizar aprovechamiento de agua en terrenos del patrimonio natural y usos agropecuarios de bajo impacto

El proyecto propone modificar la Ley Forestal (Ley n.º 7575) para permitir que el Estado y entidades autorizadas utilicen agua y realicen las obras necesarias (construcción, operación, mantenimiento y mejoras) para el abastecimiento poblacional y para actividades agropecuarias de bajo impacto en determinados terrenos del patrimonio natural del Estado. El texto del proyecto está identificado como expediente 25077 y fue presentado por el diputado Gilberto Arnoldo Campos Cruz; la reforma está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El cambio concreto que plantea es autorizar al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) a conceder permisos para el aprovechamiento de agua proveniente de fuentes superficiales y para ejecutar o autorizar las obras relacionadas con sistemas de abastecimiento poblacional para consumo humano y con usos agropecuarios de bajo impacto, incluyendo la construcción, la operación y el mantenimiento de esos sistemas. La norma limita ese permiso a los terrenos del patrimonio natural del Estado que no formen parte de áreas silvestres protegidas y que hayan sido adquiridos por los entes prestadores u otros entes autorizados; en caso de intervenir áreas protegidas, el proyecto exige cumplir la normativa ambiental vigente y demostrar la necesidad y ausencia de alternativas.

Entre otros, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), las municipalidades que aún prestan servicio público de agua potable, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), las asociaciones administradoras de acueductos (asadas), las sociedades de usuarios de agua previstas en la ley, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) y los productores agropecuarios ubicados en un radio de 3 kilómetros alrededor del límite de la zona de protección. Esos entes pueden realizar actividades de abastecimiento poblacional y usos agropecuarios de bajo impacto en los terrenos a que el proyecto se refiere, siempre que cumplan los requisitos y condiciones que establece la iniciativa.

Deben tramitarse cuando exista una declaración previa de interés público por parte del Poder Ejecutivo para un abastecimiento poblacional imperioso o para el desarrollo de actividades agropecuarias privadas o concesionadas de bajo impacto; las obras deben fundarse en estudios técnicos que busquen el menor impacto ambiental posible; y, si las actividades implican tala de árboles, la autorización dependerá de la aprobación del Minae. Estas condiciones buscan que las intervenciones se planifiquen con base técnica y dentro de los criterios ambientales fijados en el proyecto.

Las instituciones autorizadas deben asegurar que no se altere el caudal ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas; el monitoreo de ese caudal corresponderá al Minae; y el ente autorizado prestador del servicio público para el abastecimiento poblacional deberá presentar anualmente ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la Dirección de Aguas un informe con los resultados de los aforos, dada la naturaleza y fragilidad ambiental de las áreas involucradas.

Para definir con claridad qué usos agropecuarios son compatibles, el proyecto adiciona la figura de “actividad agrícola de bajo impacto” al articulado legal y describe prácticas que se consideran compatibles con la conservación, como el riego por goteo y la captación y almacenamiento de agua de lluvia. Estas definiciones buscan orientar qué tecnologías y sistemas productivos pueden recibir autorización bajo las condiciones técnicas y ambientales exigidas.

Las autorizaciones se aplican a terrenos del patrimonio natural del Estado que no formen parte de áreas silvestres protegidas y que hayan sido adquiridos por los entes prestadores u otros entes autorizados; cuando se trata de áreas protegidas, el proyecto exige cumplir la normativa ambiental vigente y presentar estudios técnicos que demuestren la necesidad y la ausencia de alternativas. El texto establece que, de aprobarse, las modificaciones “rigen a partir de su publicación”. El proyecto se presentó como expediente 25077 y sigue trámite en la Asamblea Legislativa; hasta su posible aprobación y publicación, las modificaciones son propuestas y no son derecho vigente.