Proyecto 25066: Ley para la electrificación responsable

El proyecto propone establecer un marco legal obligatorio para prevenir, mitigar y monitorear los impactos de la red eléctrica nacional sobre la fauna silvestre y los ecosistemas, promoviendo la electrificación sostenible desde el diseño de la infraestructura; el proyecto está pendiente de aprobación.

La ley, según el articulado, se aplicaría a toda persona física o jurídica, pública o privada, que participe en la generación, transmisión, distribución o comercialización de electricidad en Costa Rica, por lo que obliga a empresas y a quienes operan infraestructura eléctrica en el país.

El proyecto obliga a que todo nuevo proyecto eléctrico incorpore desde la fase de diseño un enfoque ecosistémico; eso significa evaluar impactos ecológicos y ambientales, priorizar la prevención desde el diseño y considerar alternativas técnicas y de trazado que reduzcan la fragmentación de hábitats y el riesgo de electrocución de fauna.

Entre las exigencias de diseño que plantea el proyecto están medidas concretas como considerar líneas subterráneas, aislamiento completo, redireccionamiento del trazado, instalación de pasos de fauna y dispositivos de protección para prevenir electrocuciones y favorecer la conectividad ecológica; además establece medidas mínimas de prevención que las empresas deben aplicar en su infraestructura.

Las empresas deben enviar un informe técnico anual al MINAE antes del 15 de febrero con datos como el número de incidentes, las especies afectadas, la localización exacta y las medidas adoptadas, los daños materiales a la red y el estado de ejecución del plan de mitigación.

Para el incumplimiento, el proyecto remite sanciones a las leyes ambientales vigentes y declara la responsabilidad objetiva de las empresas por daños a la biodiversidad por no aplicar medidas técnicas, lo que implica que la responsabilidad puede activarse sin necesidad de probar dolo o culpa y puede incluir acciones administrativas, civiles y penales.

En cuanto a plazos, el Poder Ejecutivo, por medio del MINAE, tendría un plazo no mayor a doce meses desde la publicación para reglamentar la ley, y las empresas eléctricas contarían con un plazo de tres años para adecuar su infraestructura existente a las obligaciones de la norma, priorizando puntos calientes y zonas ambientalmente frágiles.

El proyecto declara además su alineación con compromisos internacionales y buenas prácticas (por ejemplo convenios y recomendaciones sobre biodiversidad e infraestructura sostenible), lo que aparece en el texto como parte de su justificación y criterios de referencia para su aplicación.

Obliga a las empresas a garantizar la atención, traslado y eventual reinserción de fauna herida u huérfana por electrocución cubriendo los costos y coordinando con centros de rescate autorizados, y promueve alianzas con municipalidades, ONG, universidades y centros de conservación para educación ambiental y vigilancia comunitaria.