Proyecto 25065: Ley para promover la conservación en tierras privadas

El proyecto propone crear un marco legal para promover y facilitar la conservación de la biodiversidad en propiedades privadas mediante figuras jurídicas (reservas naturales privadas y servidumbres ecológicas), contratos y planes de gestión, junto con incentivos fiscales y acceso a financiamiento; la iniciativa está pendiente de aprobación.

El proyecto afecta principalmente a las personas propietarias de fincas que tengan cobertura natural y quieran dedicar parte de su terreno a conservación. En la práctica propone que esas personas puedan constituir “Reservas Naturales Privadas (RNP)” o crear “Ser­vidumbres Ecológicas” mediante contratos inscritos ante las autoridades ambientales y registrarlos en la oficina de la propiedad. Para constituir una RNP el texto exige, como condición mínima, que el predio tenga por lo menos una extensión de 2 hectáreas de coberturas naturales y que exista un contrato con un plazo mínimo de ejecución, lo que legaliza la conservación en la propiedad privada.

Una Reserva Natural Privada es “un área protegida bajo gobernanza privada” cuya administración corresponderá a las personas propietarias y estará inspeccionada por MINAE–SINAC; las servidumbres ecológicas son derechos reales voluntarios que se inscriben en el Registro de la Propiedad y permiten declarar zonas de conservación perpetuas o temporales sin renunciar al dominio. Es decir, la titularidad del terreno sigue siendo privada, pero se establece un gravamen o derecho registral que protege áreas específicas para conservación.

Para que la RNP o la servidumbre tengan validez se requiere un Plan de Gestión Ambiental (PGA) aprobado e inscrito por MINAE o SINAC. Los contratos constitutivos deben hacerse mediante escritura pública y registrarse como gravamen en el título de propiedad; la inscripción de estos actos y sus modificaciones estará exenta del pago de derechos de registro y timbres. Además, los contratos tienen plazos: el proyecto fija plazos mínimos de ejecución de 10 años y máximos de 30 años, con posibilidad de renovación por un periodo igual una vez.

Conservar la sección del inmueble destinada a conservación, documentar transformaciones (caminos, infraestructuras o cambios de uso) en el plan de gestión, obtener permisos cuando corresponda y asumir los gastos necesarios para protección y vigilancia. El Estado, por su parte, podrá colaborar subsidiariamente en vigilancia y protección según su capacidad técnica y presupuestaria.

Como contrapartida, la norma propone un régimen de incentivos y exoneraciones condicionadas al cumplimiento ambiental. Entre los beneficios previstos están exoneraciones proporcionales del impuesto sobre la renta (25%, 50% o 100% según el tamaño conservado), exoneraciones de tributos para importación de equipo y vehículos de trabajo, acceso preferente a “crédito verde” por banca pública y Fodempipyme, y reconocimiento para programas como Pago por Servicios Ambientales y estímulos del Instituto Costarricense de Turismo. Para las exoneraciones de importación y vehículos el texto concreta montos y plazos (por ejemplo, exoneración del cien por ciento de importación de equipo y de impuestos de un vehículo tipo pick-up por hasta cinco años, cuando lo apruebe MINAE).

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) debe llevar un registro de contratos y verificar cumplimiento mediante visitas periódicas; MINAE es el ente encargado de dar seguimiento y control. Además, el documento armoniza las exoneraciones y procedimientos con la normativa fiscal vigente y prevé que, en caso de incompatibilidad, prevalecerá la Ley N° 9635. El Poder Ejecutivo debe reglamentar los requisitos, procedimientos y controles en un plazo previsto en el texto transitorio.

En resumen, en la práctica el proyecto crea un mecanismo por el cual un propietario puede pactar legalmente conservar partes de su tierra (con requisitos mínimos, plan y contrato), recibir beneficios fiscales y financieros por hacerlo, y quedar sujeto a registro y supervisión pública; las obligaciones del propietario, los plazos contractuales, los incentivos y la fiscalización están definidos en los artículos del texto, y todo ello está sujeto a que la Asamblea apruebe la iniciativa y a la posterior reglamentación ejecutiva.