Proyecto 25062: creación del Sistema Nacional de Cuentas Ambientales (SNCA)

El proyecto propone crear el Sistema Nacional de Cuentas Ambientales (SNCA) en Costa Rica con el propósito de institucionalizar la producción, análisis, validación y difusión de las cuentas ambientales oficiales, para que la información ambiental esté integrada con la planificación y la toma de decisiones públicas. El texto lo presenta como un “marco institucional, técnico y normativo” destinado a producir y difundir las cuentas ambientales de manera integrada y sistemática; el expediente es un proyecto de ley y está pendiente de aprobación.

Disponer de cuentas ambientales oficiales coherentes y comparables que conecten datos físicos y monetarios sobre recursos naturales y servicios ecosistémicos con las estadísticas nacionales y la política pública. En la exposición se dice que el SNCA “permitir[á] producir, analizar, validar y difundir de manera integrada y sistemática las cuentas ambientales oficiales de Costa Rica”, lo que en la práctica significa coordinar a las instituciones que generan datos ambientales para producir productos oficiales y reutilizables.

Para gobernar el SNCA el proyecto crea un órgano superior de decisión llamado Consejo Nacional de Cuentas Ambientales (CNCA), que será la instancia de máxima jerarquía, decisión y coordinación estratégica del sistema. En la práctica, el CNCA deberá aprobar lineamientos, validar planes y supervisar la implementación, y estará integrado por jerarcas de las instituciones públicas clave, de forma que las decisiones sobre metodologías, financiamiento y prioridades técnicas se tomen de manera interinstitucional.

Como soporte técnico el proyecto establece un Comité Técnico de carácter multisectorial con funciones consultivas y metodológicas: asesorar técnicamente al CNCA, evaluar y proponer mejoras metodológicas, armonizar criterios con estándares internacionales y emitir criterios de calidad para los datos. Además el texto prevé Subcomités Técnicos Estadísticos especializados (por ejemplo agua, bosques, energía) que trabajen la producción y validación técnica de cuentas específicas.

El proyecto dispone que el INEC será la entidad técnica rectora del Sistema Estadístico Nacional y asumirá la rectoría técnica de los Subcomités Técnicos Estadísticos, con responsabilidades como establecer criterios técnicos, coordinar la lógica operativa, asegurar interoperabilidad metodológica y verificar la calidad y trazabilidad de los productos estadísticos derivados de las cuentas ambientales.

En cuanto a financiamiento y responsabilidades, el proyecto introduce el principio de corresponsabilidad financiera: las instituciones públicas, entidades autónomas y empresas públicas que generen o gestionen información ambiental procurarán asumir, dentro de sus competencias y respetando sus marcos jurídicos, recursos para sostener la operación del SNCA. El articulado obliga a procurar en los presupuestos partidas específicas para interoperabilidad, sistematización, análisis técnico, capacitación y funcionamiento técnico, y además incluye una disposición que prohíbe destinar esos recursos a gastos de carácter político o a pagos de dietas y remuneraciones políticas.

Toda información producida o usada por el SNCA deberá regirse por transparencia, trazabilidad, interoperabilidad metodológica y accesibilidad. En la práctica esto exige documentar el origen y la metodología de los datos, publicar metadatos y productos en formatos reutilizables, y asegurar la posibilidad de auditar y usar la información tanto para análisis técnicos como para la participación ciudadana.

Deroga un decreto ejecutivo previo y ordena que, en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigencia, el Poder Ejecutivo emita el reglamento para integrar el CNCA y que las instituciones (como MINAE e INEC) realicen en un plazo máximo de doce meses las gestiones necesarias para traspasar, armonizar y actualizar funciones y documentos del sistema derogado. También dispone que el Comité Técnico y el CNCA, una vez instalados, deberán presentar un informe de avance sobre la implementación a más tardar 24 meses después de la entrada en vigencia. En todos los casos estas obligaciones y plazos se activan solo si la ley se aprueba y entra en vigencia.

El proyecto está pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa (expediente 25062) y, como proyecto de ley, contiene objetivos, organismos, principios, obligaciones presupuestarias y plazos que empezarían a operar solo después de su aprobación y de la publicación del reglamento. Por tanto, las disposiciones descritas son lo que el texto propone hacer y no efectos ya vigentes.