Proyecto 25061: Ley para la creación de la Política Nacional de Turismo de Costa Rica

El proyecto propone crear oficialmente la Política Nacional de Turismo de Costa Rica como instrumento de orientación estratégica para lograr un desarrollo turístico sostenible, equitativo, competitivo e innovador en el país. El texto establece el objeto de la ley y crea mecanismos institucionales para planificar, coordinar, implementar y supervisar esa política. Está pendiente de aprobación.

La propuesta decide crear un órgano de coordinación llamado Consejo Nacional de Gobernanza Turística con responsabilidad de articular la implementación, el seguimiento y la evaluación de la política. Ese Consejo tendrá participación de varias instituciones públicas y privadas (ministros, el Instituto Costarricense de Turismo —ICT—, la Cámara Nacional de Turismo —CANATUR—, entre otros) y funciones expresas como validar el Plan Nacional de Desarrollo Turístico, aprobar indicadores y convocar diálogo interinstitucional cuando haya cuellos de botella. El proyecto señala quiénes integran el Consejo y qué funciones básicas tendrá.

La ejecución de la política se materializa por medio del Plan Nacional de Desarrollo Turístico (PNDT). El PNDT lo elabora el ICT, debe renovarse cada cinco años y funcionará como hoja de ruta vinculante para la acción pública en turismo mientras no sea reemplazado por una versión debidamente aprobada. El proyecto indica que la validación del PNDT es un paso formal y que el seguimiento deberá incluir indicadores y un tablero digital público, actualizado trimestralmente, gestionado por el ICT con soporte del MIDEPLAN.

Declara la política como de interés público y obliga a las entidades de la Administración Pública a incorporar sus principios, objetivos y ejes en sus procesos de planificación, presupuestación y ejecución, respetando sus autonomías constitucionales. Entre los enfoques y principios que se mencionan están la equidad territorial, la participación ciudadana, la sostenibilidad y la resiliencia climática. Esas disposiciones determinan que el trabajo público en turismo debe coordinarse y medirse con criterios comunes.

En cuanto a responsabilidades prácticas y plazos, el proyecto establece que la política será liderada técnicamente por el ICT y coordinada mediante el Consejo; plantea que el cumplimiento de la ley se financiará con recursos ordinarios de las instituciones responsables y con nuevas fuentes como cooperación internacional y alianzas público-privadas, y afirma que la ley "no implicará la creación de nuevas estructuras administrativas ni comprometerá recursos adicionales del Presupuesto Nacional sin la respectiva autorización legislativa." También dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará la ley dentro de los seis meses siguientes a su publicación y que, una vez aprobada, el ICT dispondrá de un plazo máximo de seis meses para revisar y ajustar el PNDT vigente.

Sobre transparencia, reporte y sesiones, el Consejo deberá sesionar ordinariamente al menos una vez cada seis meses y sus sesiones serán públicas; la asistencia remota tendrá la misma validez jurídica que la presencial. El proyecto establece la obligación de mantener sistemas de seguimiento y rendición de cuentas: informes anuales que incorporen el grado de cumplimiento de recomendaciones e indicadores, y la publicación de información pública (incluido el tablero digital) para que el avance sea visible y verificable.

La norma, de aprobarse, obligaría a todas las entidades públicas relacionadas con turismo a alinear sus planes y presupuestos con la Política Nacional de Turismo; también crea obligaciones para el ICT y para las instituciones representadas en el Consejo. El expediente es el 25061; el proyecto fue presentado el 2025-06-23, publicado el 2025-07-04 en la Gaceta 123 y su vencimiento cuatrienal aparece como 2029-06-23. El documento aún está en trámite parlamentario y requiere la aprobación formal para convertirse en ley.