Proyecto que modifica el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ambiente para garantizar la imparcialidad en las evaluaciones de impacto ambiental (Exp. 25034)

El proyecto propone modificar el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley 7554) para establecer un procedimiento concreto que garantice la imparcialidad en la designación, aceptación y pago de los profesionales encargados de realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). El texto es un proyecto de ley en trámite y está pendiente de aprobación. Número de expediente: 25034.

El cambio plantea que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) debe manejar y usar una lista de profesionales autorizados y seguir un procedimiento público y ordenado para nombrarlos en las EIA. El articulado incluido en el proyecto dispone que, una vez solicitada la evaluación por el desarrollador, “la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, comunicará la solicitud de nombramiento al profesional evaluador que por lista corresponda.” Además, el profesional nombrado deberá decir si acepta el cargo “inmediatamente o dentro del tercer día, por cualquier medio idóneo”, y si no acepta, se hará un nuevo nombramiento según la lista.

Los “honorarios serán fijados al momento de la designación” y se dará un plazo de cinco días a la(s) parte(s) promoventes para depositarlos ante la SETENA; la falta de depósito en ese plazo obliga a iniciar nuevamente la solicitud de un profesional. Los pagos se girarán “a la persona profesional una vez concluida su labor.” Estas reglas describen cómo se determinan, depositan y pagan las remuneraciones que correspondan a quienes realizan las EIA.

Se incluyen mecanismos disciplinarios y de control para casos en que profesionales actúen en contra del ordenamiento jurídico. El texto ordena que la SETENA informe a la Contraloría Ambiental para que registre la situación y la remita a su Dirección Jurídica para el trámite administrativo disciplinario, “o bien, le comunique al Ministerio Público cualquier anomalía que pueda constituir delito.” Si se determina administrativa o judicialmente que el profesional actuó en contra del ordenamiento, “la misma será inhabilitada de la lista de profesionales elegibles por un periodo de diez años.”

Como condición de entrada en vigor, el proyecto incorpora un transitorio que obliga al Poder Ejecutivo, dentro de los seis meses siguientes a la puesta en vigor de la ley, a emitir por Decreto Ejecutivo las tarifas de honorarios y la metodología para la elaboración y designación de la lista de profesionales, tomando en cuenta la naturaleza y el objeto de cada tipo de evaluación. El proyecto indica explícitamente que “Rige a partir de su publicación.”

El proyecto fue presentado el 2025-06-05 y publicado el 2025-06-18; entre los proponentes aparecen los diputados Andrés Ariel Robles Barrantes, Sofía Alejandra Guillén Pérez, Johnatan Jesús Acuña Soto, Priscilla Vindas Salazar, Antonio José Ortega Gutiérrez y Rocío Alfaro Molina. El expediente registra trámites de presentación y remisión a comisión durante junio y agosto de 2025. La exposición de motivos del proyecto cita antecedentes y casos administrativos (por ejemplo, expedientes sobre proyectos como Crucitas y el Proyecto Hidroeléctrico San Rafael) para justificar la necesidad de reglas que eviten nombramientos a dedo, conflictos de interés o análisis técnicos insuficientes, pero esas referencias son parte del razonamiento y no sustituyen los artículos que el proyecto propone.

Está pendiente de aprobación la modificación propuesta; hasta tanto no se convierta en ley, las reglas vigentes de la Ley 7554 siguen siendo las aplicables. La descripción anterior se basa en el texto que integra el proyecto y en los artículos y transitorios que contiene tal como fueron presentados en el expediente 25034.