Proyecto 25032: Proyecto que exige una “viabilidad social” para proyectos de alto impacto en bienes de dominio público

El proyecto propone añadir un nuevo artículo 22 bis a la Ley Orgánica del Ambiente (N°7554 del 04 de octubre de 1995) para exigir que todo proyecto, obra o actividad de alto impacto ambiental que se pretenda desarrollar total o parcialmente en bienes de dominio público cuente con una “viabilidad social” antes de avanzar. El proyecto está pendiente de aprobación.

El cambio propuesto obliga a que la viabilidad social se emita conforme a los principios de legalidad, participación ciudadana efectiva y transparencia. Esto significa que, según el texto del proyecto, la viabilidad social debe ser un trámite formal y documentado que demuestre que la comunidad afectada ha participado y que la decisión respeta las normas y la transparencia exigida.

Se define la “viabilidad social” como la validación expresa y documentada de que el proyecto cuenta con aceptación social suficiente y fundamentada tras la aplicación de mecanismos adecuados de participación ciudadana, consulta pública y deliberación colectiva. El proyecto enumera requisitos mínimos que deben incluirse en esos procesos: acceso público, gratuito y comprensible a la información relevante del proyecto; mecanismos de consulta accesibles y culturalmente adecuados (incluyendo audiencias públicas y procesos de observación escrita); la posibilidad de que las personas incidan en el contenido de las decisiones con la obligación institucional de considerar y responder razonadamente; la realización de procesos participativos desde etapas tempranas y antes de adoptar decisiones finales; y el respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada de pueblos indígenas y comunidades locales cuando corresponda.

La viabilidad social será un requisito obligatorio previo a la emisión de la viabilidad ambiental por parte de SETENA en estos casos, y la ausencia de esa viabilidad social producirá la nulidad de cualquier acto administrativo que apruebe el proyecto. Es decir, según el texto propuesto, si no hay viabilidad social documentada, cualquier permiso o autorización ambiental que se otorgue puede quedar sin efecto por ser nulo.

En cuanto a plazos y reglamentación, el proyecto dispone que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de seis meses a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Asimismo señala que la norma “rige a partir de su publicación”, por lo que la regulación debe salir dentro de ese plazo para operar en la práctica.

La exposición de motivos del proyecto explica por qué se propone la norma y cita ejemplos de conflictos recientes vinculados a la falta de participación o consulta: menciona el Proyecto Islas Manuel Antonio (marzo de 2024), la crisis hídrica en Dominical (junio de 2024) y problemas de gentrificación en comunidades costeras (abril de 2025). También invoca el principio constitucional de democracia participativa y la opinión consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exige acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia como condiciones para una gobernanza ambiental democrática.