Proyecto 25023: Proyecto para aumentar penas y quitar beneficios a quienes incumplan medidas de protección en casos de violencia doméstica

El proyecto propone aumentar la pena por incumplimiento de una medida de protección dictada en procesos de violencia doméstica y prohibir que la persona condenada acceda al beneficio de ejecución condicional de la pena. Es decir, busca que quienes violen órdenes de protección enfrenten prisión de dos años a cuatro años y que esa condena no pueda ser sustituida por la ejecución condicional.

El cambio afectaría a las personas que, dentro de un proceso de violencia doméstica, incumplan una medida de protección dictada por una autoridad competente. El texto menciona que esa conducta incluye acercarse a la víctima, llamar o violar cualquier condición impuesta por la orden, y plantea que, al aumentar la pena y excluir beneficios, se busca evitar que la orden de protección sea “solo un papel” sin consecuencias reales.

Concretamente, el proyecto modifica el artículo 46 de la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres para establecer la nueva horquilla de pena: “dos años a cuatro años” de prisión por incumplimiento de una medida de protección, y añade que quien cometa ese delito “no podrá acceder a ningún beneficio de ejecución condicional de la pena.” En la práctica esto eleva el castigo y elimina para ese delito concreto la posibilidad de que el juez sustituya o condicione la ejecución de la pena.

El proyecto también reforma el artículo 59 del Código Penal para dejar claro que la facultad del juez de aplicar ejecución condicional cuando la pena no exceda de tres años no se aplicará a los delitos cometidos por incumplimiento de una medida de protección en procesos de violencia doméstica. De ese modo, aunque la regla general permita ejecución condicional para penas hasta tres años, se establece una excepción específica para estos hechos.

En enero de 2025 se registraron 5 femicidios y el documento indica que “A la fecha ya llevamos 17 femicidios” en el primer semestre citado; presenta ejemplos de agresores con denuncias o medidas previas que luego cometieron ataques graves. Esas referencias se usan para justificar la necesidad de penas más severas y la eliminación de beneficios para quienes incumplen órdenes de protección.

El proyecto fue presentado por la diputada María Marta Carballo Arce con expediente 25023 y su texto incluye que la ley “Rige a partir de su publicación.” Como proyecto de ley, está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa y requiere que avance por las etapas formales del trámite para que los cambios entren en vigor.