Proyecto de ley 25012: digitalizar controles para prevenir el uso indebido de combustible subsidiado destinado a la pesca no deportiva

El proyecto propone digitalizar el proceso de entrega y control del combustible subsidiado para la pesca no deportiva con el fin de que ese combustible sea usado únicamente por sus beneficiarios y evitar su desvío a actividades ilícitas. La iniciativa modifica normas vigentes (entre ellas el artículo 45 de la ley que regula al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA) para introducir mecanismos electrónicos de control y autorizar que organizaciones pesqueras instalen estaciones de despacho. El proyecto está pendiente de aprobación.

La propuesta cambia qué debe hacer INCOPESCA y cómo se entrega el subsidio. El texto establece que INCOPESCA deberá implementar un proceso digitalizado que emplee un instrumento de pago electrónico para controlar saldos asociados a cada pescador y registrar las entregas, y que las organizaciones pesqueras sólo podrán despachar combustible utilizando ese proceso digitalizado autorizado por INCOPESCA. El proyecto también aclara el cálculo y fijación del precio competitivo del combustible para el sector por parte de la autoridad competente.

El cambio alcanza a INCOPESCA (como órgano responsable de la administración y control del subsidio), a RECOPE (proveedor del combustible o entidad relacionada con su suministro), a las organizaciones y embarcaciones beneficiarias del subsidio y a las estaciones de despacho que se habiliten. Según el articulado, las organizaciones pesqueras que instalen estaciones de despacho deberán usar el proceso digital establecido por INCOPESCA y el precio aplicable estará fijado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) conforme a los rubros señalados en la norma.

Condiciones, componentes del precio y límites. El proyecto dispone que el precio competitivo a nivel internacional que aplicará al subsidio comprenderá únicamente rubros concretos: a) valor del costo del producto (factura de compra o costo de refinamiento), b) el flete hasta el puerto de destino en Costa Rica, c) los seguros correspondientes, d) el costo por traslado dentro del territorio nacional hasta el punto de distribución, y e) el costo de almacenamiento y bombeo en el plantel donde se efectúe la venta. Además, el proyecto establece que ARESEP fijará ese precio competitivo.

Plazos, financiación transitoria y entrada en vigencia. El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a emitir la reglamentación respectiva en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigor de la ley. Para financiar la digitalización, por una única vez se autoriza al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) a transferir al INCOPESCA mil millones de colones (¢ 1 000 000 000) para el proceso de digitalización de pago electrónico para el control de saldos. La norma rige a partir de su publicación, según el texto transitorio.

Motivos y problemas que el proyecto expone como fundamento. El texto cita un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que documenta debilidades en los controles sobre la asignación y fiscalización del combustible subsidiado: inconsistencias en la cantidad de litros aprobados para embarcaciones similares, inspecciones de carga escasas, documentación incompleta y falta de coordinación interinstitucional, entre otras fallas. El proyecto presenta la digitalización y los cambios en procedimientos como respuesta para corregir esas deficiencias y garantizar mayor transparencia.

Efectos prácticos que propone el proyecto y precauciones. En la práctica, si se aprueba, las entregas de combustible subsidiado pasarían por un sistema electrónico que registre saldos y transacciones; las estaciones de despacho autorizadas tendrían que interconectarse a ese sistema; y ARESEP fijaría el precio con los rubros señalados. No existe en el texto la afirmación de que esos cambios ya funcionan; la propuesta es una modificación legal que obligaría a implementar procesos, reglamentos y la inversión señalada, y por tanto su efecto real dependerá de la aprobación de la ley, de la publicación del reglamento y de la implementación efectiva por parte de las entidades responsables. El proyecto está pendiente de aprobación.