Proyecto que reforma el Transitorio XIX de la Ley de Protección al Trabajador (expediente 25003)

El proyecto propone reformar el Transitorio XIX de la Ley de Protección al Trabajador, N.º 7983, de 16 de febrero de 2000, para equiparar las condiciones de retiro del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) a las personas que se pensionen en el nuevo período señalado en el texto. El expediente es el N.º 25003 y el proponente es Óscar Izquierdo Sandí; el proyecto está pendiente de aprobación.

El proyecto establece que las personas afiliadas al ROPC que hayan adquirido el derecho a la pensión entre el 1 de enero de 2021 y hasta el 18 de febrero del 2030 podrán elegir, al momento de pensionarse, entre varias alternativas de retiro. Una de las alternativas permitidas es solicitar “el pago de una mensualidad, durante treinta meses, hasta agotar el saldo acumulado del ROP”. Otra alternativa es optar por un plan de beneficios conforme al artículo 22 de la ley, en cuyo marco la persona podrá solicitar un retiro acelerado de sus recursos acumulados.

Al cabo de sesenta días de hecha la solicitud se entregará un primer monto igual al veinticinco por ciento (25%) del saldo acumulado en la cuenta individual y se continuará con el pago de la pensión por nueve meses; una vez cumplido ese primer período se entregará otro veinticinco por ciento (25%) por los siguientes nueve meses; lo mismo se repetirá en un tercer período y en un cuarto; al finalizar el cuarto período se entregará al pensionado el saldo de su cuenta. Durante todo ese ciclo, la prestación mensual que perciba el pensionado «se mantendrá invariable durante todo el período de desacumulación», según el texto.

Las personas afiliadas al ROPC que se pensionen entre el 1 de enero de 2021 y el 18 de febrero de 2030 «podrán retirar los fondos acumulados en sus cuentas individuales en rentas temporales por un plazo equivalente a la cantidad de cuotas aportadas a este régimen». El proyecto también dispone que, «en aquellos casos en que el monto de la pensión sea menor a un veinte por ciento (20%) de la pensión mínima del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, la pensión otorgada por el Régimen Obligatorio de Pensiones será ese monto», y que ese pago continuará hasta agotar el saldo acumulado, «sin importar la cantidad de cuotas aportadas a este régimen».

El proyecto obliga a la entidad administradora del régimen básico que corresponda a emitir al afiliado una certificación o constancia donde figure la fecha en que adquirió el derecho a la pensión, “independientemente de la fecha en que se acoja al beneficio”. El texto indica además que la norma propuesta «rige a partir de su publicación».

La exposición de motivos incluida en el expediente explica antecedentes del sistema de pensiones, menciona la reforma de 2020 (Ley N.º 9906) que permitió retiros y señala motivos técnicos y estadísticos para proponer la extensión de condiciones; sin embargo, los efectos concretos que produciría la reforma dependen de la aprobación y de su puesta en vigencia, por lo que la propuesta sigue siendo un proyecto hasta que el órgano legislativo la convierta en ley.