Proyecto 24998: Aprobación del Acuerdo de Transporte Aéreo entre Costa Rica y Chile

El proyecto propone aprobar el “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Chile”, firmado en Lima, Perú, el 13 de diciembre de 2023; se presenta como un proyecto de ley y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa. El expediente es el 24998 y la presentación registrada en el trámite corresponde al año 2025; por tanto la propuesta todavía debe seguir el trámite legislativo antes de convertirse en norma.

El proyecto incorpora el texto del convenio suscrito entre ambos gobiernos con la finalidad declarada de actualizar y ampliar aspectos del transporte aéreo que regían en acuerdos previos (menciona explícitamente el convenio de 1999 y el convenio suscrito en diciembre de 2023). El documento incluye una exposición de motivos y el texto del Acuerdo que se aprueba “en cada una de sus partes”, por lo que la aprobación legislativa implicaría incorporar al ordenamiento costarricense ese instrumento internacional tal como fue firmado.

Incluye el derecho de “volar a través de su territorio sin aterrizar”, el derecho de “hacer escalas en su territorio para fines no comerciales” y el derecho de “hacer escalas en su territorio... con el fin de dejar o tomar, en tráfico internacional, pasajeros, carga y correo”, en conformidad con las rutas especificadas en el Anexo. Esos derechos se regulan en el articulado del Convenio y dependen de las designaciones y autorizaciones que establezcan las autoridades aéreas.

En los servicios de pasajeros, carga y correo se pactó “la operación sin límite de frecuencias, con derechos de tráfico de hasta sexta libertad del aire”, y expresa que “para los servicios de carga exclusiva se otorgan derechos de hasta séptima libertad del aire”. Es decir, el Acuerdo abre posibilidades amplias de operación internacional para las aerolíneas designadas, con diferencias entre servicios de pasajeros y servicios exclusivos de carga.

El Convenio regula cómo se designan y autorizan las líneas aéreas y también cuándo pueden revocarse o suspenderse esas autorizaciones. Cada Parte tiene el derecho “a designar tantas líneas aéreas como desee” y a exigir que las aerolíneas demuestren estar calificadas; a su vez “se reserva el derecho de revocar, suspender o limitar las autorizaciones” en casos concretos. Además, cada Parte acepta como válidos ciertos certificados y licencias de la otra Parte, siempre que cumplan requisitos de seguridad y competencia.

En lo comercial y operativo, el Convenio permite el uso de figuras como “código compartido y arrendamiento de aeronaves”, facilita la competencia “justa y equitativa” entre operadores y contiene límites a la intervención estatal en tarifas: cada línea fijará sus tarifas con base en consideraciones comerciales, mientras la intervención de las autoridades se limitará a impedir prácticas discriminatorias, proteger consumidores y evitar tarifas artificialmente bajas destinadas a eliminar la competencia. También establece normas sobre cargos al usuario y exenciones aduaneras aplicables a aeronaves y suministros en servicios internacionales.

El Acuerdo incluye mecanismos para seguridad operacional, inspecciones, cooperación en seguridad de la aviación y resolución de controversias: las Partes pueden solicitar consultas y, si no se resuelve una discrepancia, recurrir a arbitraje mediante un tribunal arbitral. La entrada en vigor del Convenio depende de la fecha de la última notificación por la que cada Parte confirme que completó los procedimientos jurídicos internos; con su entrada en vigor se deroga el Convenio de 06 de abril de 1999 entre ambos países.

Si la Asamblea aprueba el proyecto, Costa Rica incorporaría al ordenamiento el texto del Acuerdo firmado con Chile (que amplía derechos de tráfico, autoriza modalidades comerciales como código compartido y arrendamientos, prevé reconocimiento mutuo de certificados y establece reglas sobre tarifas, seguridad, aduanas y solución de controversias). Por ahora, el texto está presentado como proyecto de ley y deberá completar el trámite legislativo para que sus efectos entren en vigor.