Proyecto 24996: Proyecto que modifica sanciones por morosidad del impuesto a personas jurídicas: sustituir disolución por inmovilización y permitir reinscripción transitoria

El proyecto propone reformar los artículos 5 y 7 de la Ley N.° 9428 (Impuesto a las Personas Jurídicas) y adicionar un Transitorio V para cambiar cómo se sanciona a las entidades morosas: en lugar de la disolución automática, se aplicaría una “inmovilización legal de pleno derecho” mientras exista la deuda. El texto es una iniciativa en trámite en la Asamblea Legislativa y está pendiente de aprobación; su vigencia se establece «a partir de su publicación».

El cambio concreto sustituye la sanción de disolución por una medida que paraliza la capacidad registral y operativa de la entidad afectada tras el incumplimiento del impuesto por tres períodos consecutivos. La norma propuesta dice expresamente que «Por el no pago del impuesto establecido en la presente Ley por tres períodos consecutivos se impondrá la inmovilización legal de pleno derecho»; la medida se aplica a «las sociedades mercantiles, las empresas individuales de responsabilidad limitada y las sucursales de una sociedad extranjera».

En la práctica, la Dirección General de Tributación (DGT) deberá identificar a las entidades morosas por falta de pago por tres períodos y remitir un informe consolidado al Registro Nacional con el detalle de esos contribuyentes. El Registro Nacional ejecutará la medida de inmovilización mediante una única resolución y la inscribirá en el asiento correspondiente; así se formaliza la paralización legal hasta que se regularice la deuda.

Los funcionarios encargados de inscribir documentos (por ejemplo empleados del Registro y notarios) deberán consultar la base de datos que la DGT levantará y, cuando corresponda, consignar la condición de morosidad en el documento respectivo. El proyecto establece la obligación de verificar el estado en esa base de datos antes de proceder con la inscripción o anotación registral.

Como consecuencia práctica, mientras la inmovilización esté en vigor la entidad pierde efectos registrales plenos (por ejemplo limitaciones para inscribir actos a su favor y para contratar con el Estado, según establece el articulado) y las deudas derivadas del impuesto quedarán aseguradas con prioridad real: «Las deudas derivadas de este impuesto constituirán hipoteca legal preferente o prenda preferente», según el texto.

Una vez efectuado el pago y verificado por el Ministerio de Hacienda, el Registro Nacional comprobará en la base de datos de la DGT que la entidad está al día; entonces el legítimo interesado podrá solicitar el levantamiento de la inmovilización y el Registro procederá al levantamiento.

Para entidades que ya fueron disueltas por la aplicación de la ley anterior o por la misma Ley N.° 9428 y que no fueron formalmente liquidadas, el Transitorio V permite tramitar la reinscripción ante el Registro de Personas Jurídicas dentro de un plazo: «Dentro del término de tres años, contados a partir de la vigencia de esta Ley… podrán tramitar… la reinscripción», siempre que se cancele lo adeudado y se cumplan los requisitos registrales (el texto señala que la solicitud de reinscripción pagará los aranceles del Registro, por ejemplo un arancel de 2000 colones para la solicitud).

La exposición de motivos del proyecto incluye cifras y ejemplos para explicar el problema que se pretende corregir: indica que existen 60,698 sociedades disueltas registradas en el sistema citado y que, de 1,255 patronos activos relacionados, 814 están morosos y adeudan a la CCSS ¢20,169 millones; además señala que la morosidad acumulada con intereses al 28 de febrero de 2025 fue de ¢712,574 millones. Esas cifras forman parte de los antecedentes que presenta el proyecto para justificar la reforma.

Lo que decide la Asamblea, si aprueba este proyecto, es sustituir la sanción registral de disolución por la inmovilización legal de pleno derecho en los términos y condiciones descritos, crear las obligaciones de informe y consulta entre la DGT y el Registro Nacional, establecer la prioridad real de las deudas por este impuesto y habilitar, por tres años desde la entrada en vigencia, la reinscripción de entidades disueltas no liquidadas. Mientras el proyecto esté en trámite, ninguna de estas medidas está vigente; producirán efectos solo si la ley es aprobada y publicada.