Proyecto 24993: Proyecto que propone cerrar el Consejo de Transporte Público y transferir sus funciones al MOPT

El proyecto propone cerrar el Consejo de Transporte Público (CTP) y transferir sus competencias al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). La iniciativa crea cambios legales para que las funciones de regulación, fiscalización y otorgamiento de permisos y concesiones del transporte público pasen a estar bajo la responsabilidad directa del MOPT y su Viceministerio de Transporte. El documento está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto establece en la práctica que todas las referencias y atribuciones que hoy tiene el CTP serán asumidas por el MOPT. En el articulado se dispone la sustitución de las menciones al CTP por MOPT en normas vigentes y se reforman artículos para que el MOPT regule modalidades concretas (por ejemplo el servicio taxi) y, en general, la regulación y control del transporte remunerado de personas quede bajo el ministerio.

Para operacionalizar el traspaso, la ley propone fortalecer y detallar funciones del Viceministerio de Transporte dentro del MOPT. Ese viceministerio deberá coordinar políticas, planificación y administración de concesiones y permisos; emitir opiniones técnicas; proponer normas y procedimientos; preparar un plan estratégico del transporte público; coordinar con municipalidades recorridos, paradas y frecuencias; y proponer presupuestos anuales para la gestión del transporte.

El proyecto también regula el presupuesto y los recursos. Señala que el MOPT ajustará su presupuesto para cumplir las nuevas funciones y argumenta que el CTP contaba, según presupuesto aprobado para 2024, con una asignación superior a los ¢10.500 millones, recursos que podrían redistribuirse hacia proyectos de infraestructura y modernización del transporte una vez consolidadas las funciones en el MOPT.

Respecto del personal del CTP, el texto establece que los trabajadores que así lo deseen podrán dar por terminada su relación laboral y recibirán el pago de sus extremos laborales; el Viceministerio podrá reorganizar el recurso humano y deberá proceder a la liquidación y pago de prestaciones legales basándose en un estudio técnico. El pago de esos extremos laborales deberá realizarse a más tardar 60 días después de la entrada en vigencia de la ley y, si hay atraso por causas no imputables a los trabajadores, el Estado reconocerá los intereses correspondientes. Quienes no puedan ser reubicados se liquidarán conforme al Código de Trabajo y disposiciones aplicables.

Dispone que los concursos y concesiones que estén en trámite cuando la ley entre en vigor serán resueltos por el MOPT, tras análisis técnico legal, en un plazo no mayor a seis meses. Además establece un transitorio para que los miembros actuales del CTP se mantengan en sus cargos hasta el cierre de la dependencia y cumplan con disponer y resolver todo lo concerniente al cierre.

Informes de la Defensoría de los Habitantes y de la Contraloría que señalan deficiencias en la gestión del CTP, demoras en trámites, problemas presupuestarios y episodios de presunta corrupción (se menciona el caso denominado “Madre Patria”). Estos antecedentes se usan para argumentar la necesidad de una reestructuración y un control estatal más directo, pero el proyecto presenta estas razones como motivación y objetivo; no establece efectos ya realizados ni convierte las críticas en resultados automáticos.

En un artículo se indica que la ley entrará en vigencia doce meses después de su publicación, mientras que en otra parte se lee “Rige a partir de su publicación”. Esa contradicción aparece en el propio expediente y, por tanto, no permite concluir con certeza la fecha exacta de inicio sin una aclaración o modificación final aprobada por la Asamblea. Mientras tanto, la ficha del proyecto muestra que la publicación registrada fue el 2025-06-03 y que el expediente es el número 24993. El proyecto sigue pendiente de trámite y aprobación en comisiones y en el pleno según el calendario legislativo incluido en el expediente.