Proyecto de ley 24992: Primer presupuesto extraordinario 2025 y primera modificación a la Ley 10.620 (presupuesto de la República 2025)

El proyecto propone aprobar el “Primer Presupuesto Extraordinario de la República” para el ejercicio económico 2025 y la “Primera Modificación Legislativa” a la Ley N° 10.620 (Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2025). El cambio combina un presupuesto extraordinario —que incorpora movimientos de ingresos, financiamiento y recursos de vigencias anteriores— y una modificación legislativa al presupuesto vigente, y por tanto requiere la decisión de la Asamblea Legislativa. El proyecto está pendiente de aprobación por los diputados.

El proyecto detalla, en su Artículo 1, movimientos en las fuentes de ingreso y financiamiento que incluyen: un aumento en Ingresos Corrientes por ₡4.863.635.360,89; una reducción en la colocación de Títulos Valores Internos de Largo Plazo (fuente 280) por ₡18.157.466.468,66; un aumento de Ingresos de Capital por ₡8.819.403.148,14 (convenios entre JAPDEVA y CONAVI); incorporación de recursos de vigencias anteriores por ₡21.411.061,50; la desincorporación total del Crédito BIRF No. 9050-CR (F.F. 541) por ₡10.561.280.376,34; y una desincorporación por diferencial cambiario del financiamiento con el FMI (F.F. 664) por ₡0,19. Estos movimientos generan, según el proyecto, una rebaja neta de ₡15.014.297.274,66 en el monto autorizado del presupuesto de la República para 2025.

El proyecto especifica que el Artículo 2 contiene el detalle de los egresos que se equilibran con los ingresos indicados en el Artículo 1. En ese artículo se consignan rebajas y aumentos por título presupuestario y por institución: por ejemplo, aumenta el presupuesto para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (209) en ₡8.819.403.148,14; se incorpora una rebaja total del Ministerio de Agricultura y Ganadería (207) por ₡10.561.280.376,34; se incluyen incorporaciones para el Ministerio de Seguridad Pública (205) por ₡3.128.811,50; y un aumento en el Servicio de la Deuda Pública por cambios en financiamiento interno por ₡18.157.466.468,85 con contramovimientos que resultan en la rebaja neta mencionada. El documento ofrece cuadros y el detalle por programas y subpartidas que muestran dónde se rebajan y aumentan recursos.

Los Artículos 3 y 4 describen modificaciones presupuestarias que también requieren aprobación legislativa y que, según el proyecto, no alteran el total del presupuesto aprobado en la Ley 10.620. El Artículo 3 autoriza traslados de recursos entre partidas de diferentes programas dentro de una misma institución y traslados entre instituciones cuando la normativa vigente exige aprobación legislativa. El Artículo 4 refiere a traslados entre instituciones y aclara que el uso de esos recursos se encuentra limitado por “lo dispuesto en los numerales 10 y 12 de las normas de ejecución vigentes para este ejercicio económico”.

Por ejemplo, ingresos no tributarios por ejecución de garantías para puestos fronterizos del Programa de Integración Fronteriza del COMEX; reintegros y devoluciones del Poder Judicial para la compra de chalecos antibalas y para el fortalecimiento de un fideicomiso inmobiliario destinado a la Sala Constitucional; recursos para reparar la ruta 240 y obras sobre el Río Estrella por convenios entre JAPDEVA y CONAVI; y la desincorporación del crédito BIRF 9050-CR por cierre técnico del préstamo a INCOPESCA. Esos movimientos están certificados por la Dirección General de Contabilidad Nacional mediante las certificaciones que cita el proyecto.

La exposición de motivos y las tablas del proyecto muestran movimientos para la Presidencia de la República, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Justicia y Paz, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Servicio de la Deuda Pública, entre otros. El documento incluye cuadros con montos por título presupuestario y desgloses por programas y subpartidas que precisan partidas a rebajar y a aumentar.

El proyecto incluye información técnica y certificaciones (oficios e informes técnicos) que respaldan los movimientos de ingresos y financiamiento, y declara que algunos cambios obedecen a disposiciones de la Contraloría General de la República sobre incorporar recursos pendientes de presupuestar o a la aplicación de leyes específicas (por ejemplo leyes 9635, 9371 y 9524). La exposición de motivos y las certificaciones citadas forman parte del argumento técnico y legal que acompaña la propuesta.

“Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.” Esa efectividad se aplica si y cuando la Asamblea Legislativa apruebe y publique la ley resultante; hasta entonces se trata de una propuesta en trámite. Aclaro que la aprobación final depende del procedimiento legislativo señalado en el expediente 24992 y del voto de los diputados, y que la explicación respeta la información consignada en el texto del proyecto.