Proyecto 24988: incorporación “de honor” de personas en condición de discapacidad a colegios profesionales

El proyecto propone crear una figura de incorporación “de honor” para personas en condición de discapacidad en los colegios profesionales con sede en Costa Rica, como reconocimiento formal de su experiencia laboral y aportes en su área de especialización. La norma define ese acto de incorporación como un reconocimiento formal y honorífico que los colegios deben poder conceder a quienes cumplan los requisitos previstos.

El proyecto aplica a todos los colegios profesionales establecidos en Costa Rica con reconocimiento oficial y se dirige a las personas en condición de discapacidad que deseen optar por la incorporación de honor. Para que un colegio conceda esa incorporación, el texto exige que la persona cumpla condiciones específicas: contar con el título académico correspondiente expedido por la universidad; acreditar una experiencia laboral mínima en el ramo o materia; presentar un expediente con evidencia de trayectoria y logros avalados; y contar con la certificación emitida por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Estas condiciones aparecen listadas en el articulado como requisitos que deben cumplirse para la admisión.

Cada colegio profesional, en el marco de su autonomía y conforme a su normativa interna, deberá definir criterios específicos para evaluar la experiencia significativa, el plazo mínimo requerido y los estándares aplicables según la disciplina. Los colegios deben adecuar sus reglamentos internos para implementar la ley y publicar las disposiciones que establezcan, por lo que la práctica concreta (formularios, plazos, comisiones evaluadoras) quedaría regulada por las normas internas de cada colegio.

En cuanto a efectos prácticos para las personas que solicitan la incorporación, el texto establece que quienes pidan la incorporación de honor “estarán exentas de realizar pruebas de conocimiento, exámenes de excelencia u otras evaluaciones similares”, porque la incorporación se fundamenta en el reconocimiento de su experiencia laboral y trayectoria profesional. Además, señala beneficios concretos como participar en actividades académicas, sociales y culturales del colegio y recibir un certificado de incorporación emitido por la entidad que las acredite en igualdad de condiciones.

Obliga a los colegios a garantizar igualdad y no discriminación en todos los procedimientos relacionados con la incorporación de honor; exige integrar la perspectiva de género en el diseño y aplicación de las disposiciones; y define conceptos como accesibilidad digital, eliminación de barreras y participación inclusiva. También declara la incorporación como de interés nacional, por lo que el texto expone que la iniciativa responde a objetivos de inclusión que se alinean con metas de desarrollo.

Señala la necesidad de datos desagregados sobre discapacidad para diseñar políticas y medir resultados. En la práctica, esto implica que la aplicación efectiva dependerá de que los colegios y autoridades usen y registren información sobre las incorporaciones y las características de las personas beneficiarias.

El expediente es el número 24988, presentado el 19/05/2025 y publicado el 05/06/2025. Según el historial del trámite en la Asamblea Legislativa, la última anotación registrada es el archivo del expediente con “Dictamen Unánime Negativo (Art.81 BIS)” el 24/04/2026. Esto significa que, al menos según ese registro, el proyecto no fue aprobado y quedó archivado; por tanto la propuesta no está vigente como ley y su eventual entrada en vigor dependería de un nuevo trámite o de que se reactive el expediente.

El texto regula una incorporación honorífica basada en reconocimiento de experiencia y establece exenciones en evaluaciones, pero no convierte en automático ni universal ningún otro derecho profesional fuera de los expresamente listados; el alcance real de la incorporación (por ejemplo, si permite ejercer determinada profesión en sustitución de requisitos habilitantes) depende de la interpretación y de las reglas que cada colegio adopte y de otras normas vigentes no modificadas por este proyecto. Finalmente, la implementación práctica requiere que los colegios adapten reglamentos, publiquen criterios y que existan datos y procedimientos administrativos para evaluar solicitudes, tal como el proyecto mismo exige.