Proyecto de ley 24987: Ley especial para la promoción de tecnología asistiva para la persona en condición de discapacidad

El proyecto propone crear una ley para promover la investigación, el desarrollo, el acceso y el uso de tecnología asistiva que facilite la inclusión plena de las personas en condición de discapacidad en los ámbitos social, educativo, laboral y cultural. La norma fija el objeto de la ley y declara la tecnología asistiva como herramienta para garantizar igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de derechos.

El proyecto se aplica en todo el territorio nacional y afecta tanto a las personas en condición de discapacidad como a instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la fabricación, distribución, investigación, financiación o regulación de tecnología asistiva. Es de cumplimiento obligatorio para las entidades señaladas.

Entre las medidas prácticas que propone la iniciativa está la exoneración de impuestos para la importación y compra de dispositivos y herramientas de tecnología asistiva por parte de las instituciones públicas; además establece una exoneración anual para las personas debidamente certificadas por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) para la compra de un dispositivo de tecnología asistiva cuando así lo necesiten.

El beneficio de exoneración anual se extiende también, en ciertos casos, a instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil que empleen personas en condición de discapacidad cuando la tecnología asistiva sea necesaria para garantizar su acceso, permanencia y desempeño en el entorno laboral. El proyecto, por tanto, combina medidas dirigidas a facilitar el acceso individual a equipos con incentivos para que empleadores y entidades públicas dispongan de las herramientas necesarias.

El texto obliga a las instituciones del Estado a priorizar recursos y esfuerzos para asegurar el cumplimiento de la ley y declara de interés nacional la investigación, desarrollo, producción, distribución y uso de tecnología asistiva. Asimismo encomienda al Poder Ejecutivo y a ministerios e instituciones específicas (entre ellas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones) formular y ejecutar políticas públicas relacionadas con tecnología asistiva.

Define ‘tecnología asistiva’ como todo producto, equipo, herramienta, sistema o servicio que incremente, mantenga o mejore las capacidades funcionales de las personas en condición de discapacidad, y contiene principios como el acceso universal, la sostenibilidad tecnológica y la participación comunitaria para el diseño y evaluación de estas tecnologías.

En la práctica, la ley exige que el Poder Ejecutivo reglamente su aplicación; la regulación deberá detallarla y deberá dictarse en un plazo máximo (el proyecto prevé que el Ejecutivo reglamentará la ley en un plazo máximo de tres meses desde su publicación). La norma establece también que rige a partir de su publicación.

En materia de derechos, el proyecto recoge garantías de igualdad y no discriminación y establece un derecho de acceso prioritario para las personas en condición de discapacidad a programas y servicios relacionados con tecnología asistiva, así como la incorporación de una perspectiva de género en la implementación.

El expediente es el número 24987. El proyecto fue presentado en mayo de 2025 y pasó por comisión especializada (Discapacidad, Área VII) que emitió dictamen en marzo de 2026; el expediente ingresó en el orden del día del Plenario en marzo de 2026, por lo que la ley todavía está pendiente de aprobación definitiva y de su posterior reglamentación para precisar requisitos administrativos y procedimientos concretos.

La iniciativa define quiénes pueden acceder a la exoneración (instituciones públicas y, anualmente, personas certificadas por Conapdis) y remite al reglamento y a las políticas públicas la definición práctica de procesos, requisitos y mecanismos de priorización de recursos. En caso de duda sobre la aplicación de normas, el texto favorece interpretaciones que protejan los derechos de las personas en condición de discapacidad.

La explicación anterior se basa en el articulado y los pasajes de exposición contenidos en el expediente oficial 24987 y en los artículos citados que definen objeto, ámbito, definiciones, exoneraciones, obligaciones institucionales, plazos de reglamentación y derechos prioritarios.