Proyecto 24984: cambios al régimen obligatorio de pensiones complementarias (ROP) — nuevas modalidades de retiro, devoluciones y obligaciones de información (pendiente de aprobación)

El proyecto propone reformar varias disposiciones de la Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983) y de la ley de la CCSS para cambiar cómo se usan y entregan los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). La iniciativa crea dos modalidades concretas de retiro de los fondos del ROP, obliga a las operadoras a devolver comisiones cuando haya pérdidas, amplia y precisa deberes de información y fija transitorios; el proyecto está pendiente de aprobación.

A quién afecta y qué decide en la práctica. Afecta a las personas afiliadas y pensionadas cuyo ahorro está en las cuentas individuales del ROP, a las operadoras de pensiones que administran esos fondos y a la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y la CCSS en las funciones de certificación y supervisión. En la práctica, el proyecto establece reglas claras sobre dos formas en que un afiliado podrá recibir o retirar los recursos de su cuenta individual del ROP, y reglas sobre cuándo las operadoras deben devolver comisiones cobradas si las inversiones generan pérdidas.

“Renta temporal complementaria máxima”. El proyecto define una modalidad que llamará “renta temporal complementaria máxima”: consiste en pagar mensualmente, durante los meses que los recursos alcancen, una renta que complemente la pensión pagada por el IVM-CCSS hasta llegar al tope de la pensión máxima sin postergación que otorgue el IVM. En la práctica esto significa que los recursos del ROP se depositan y distribuyen mensualmente para complementar la pensión pública hasta agotar el saldo acumulado en la cuenta individual del afiliado.

Retiro total del ROP bajo condición de la pensión IVM. La propuesta permite el retiro total de los recursos del ROP cuando exista una certificación del IVM-CCSS que demuestre que la pensión otorgada por el IVM sea mayor o igual al monto del salario mínimo mensual exento del impuesto sobre la renta establecido por el Ministerio de Hacienda. Cuando se cumpla esa condición, el proyecto ordena que los depósitos de los recursos de la cuenta individual se paguen en el plazo máximo de un mes, para que el afiliado pueda disponer del total acumulado.

Retiros por enfermedad grave o terminal y plazo para ejercerlos. El texto contempla que el afiliado o pensionado que enfrente una enfermedad terminal o una condición grave de salud (debidamente calificada por la CCSS) podrá optar por el retiro total de los recursos. Además, la iniciativa reduce el plazo autorizado para ejercer ese retiro en esos casos: el proyecto señala que la regla aprobada recientemente que fijaba 60 meses es demasiado larga y la propone reducir a seis meses para atender la necesidad inmediata del paciente.

Devolución de comisiones y mayor transparencia. El proyecto añade un párrafo al artículo sobre comisiones que obliga a las operadoras a “devolver la totalidad de las comisiones generadas, anualmente, cuando haya pérdidas o minusvalías en las aportaciones y los rendimientos de los trabajadores cotizantes al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias”. Además, refuerza deberes de información: las operadoras y organizaciones sociales autorizadas deberán comunicar oportunamente a los afiliados y al público aquella información que la Superintendencia determine necesaria para garantizar la transparencia y evitar publicidad confusa. La SUPEN podrá exigir, supervisar y obligar a corregir publicidad que inducza a equívocos y podrá ordenar la divulgación directa cuando la entidad se niegue injustificadamente.

Transitorios, derogaciones y entrada en vigor. El proyecto incluye transitorios: permite que las personas jubiladas o pensionadas que ya reciban prestaciones puedan solicitar el cambio de modalidad de pago (según los artículos que se modifican) y establece que la obligación de devolución de comisiones por minusvalías tendrá aplicación desde la entrada en vigencia de la reforma. También deroga artículos específicos (24 y 25 de la Ley 7983) que actualmente regulaban modalidades de pensión. Finalmente, el texto consignado aparece firmado y fechado el 16 de mayo de 2025 y señala que rige “a partir de su publicación”, pero la reforma como proyecto requiere aprobación para convertirse en ley.

Observaciones sobre alcance y condiciones que quedan del texto. El proyecto especifica condiciones concretas (por ejemplo, la necesidad de certificación de la CCSS para ciertos retiros y plazos máximos para pagos por parte de las operadoras), fija obligaciones anuales de devolución de comisiones en caso de minusvalías y amplía facultades de la SUPEN sobre información y publicidad. Quedan pendientes de definiciones reglamentarias aspectos técnicos operativos (por ejemplo, la forma exacta de calcular la “renta temporal complementaria máxima” mes a mes y el procedimiento detallado para la devolución de comisiones), ya que el articulado establece los mecanismos generales y remite en varios casos a reglamentación o a la actuación de la SUPEN y la CCSS. El proyecto está pendiente de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.