Proyecto 24980: Reforma al artículo 101 del Código de Familia para regular el derecho de permanecer con la familia consanguínea

El proyecto propone cambiar el artículo 101 del Código de Familia (Ley 5476) para regular en qué condiciones un menor de edad puede permanecer con su familia consanguínea y para establecer criterios objetivos, procedimientos y excepciones que deben comprobarse antes de ubicar al menor con familiares de sangre. El texto fue presentado bajo el expediente 24980 por el diputado Carlos Felipe García Molina y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto mantiene el principio de que “toda persona menor de edad tiene el derecho de crecer, ser educada y atendida al amparo de su familia”, pero añade excepciones: por ejemplo, el derecho a permanecer con la familia consanguínea no aplicaría cuando se trate del hijo o hija de una mujer que, “por propia voluntad, se niega a criarlo y exprese su negación a que la persona menor de edad… sea educada y crezca con la familia consanguínea”. En la práctica esto incorpora la manifestación expresa de la progenitora como un motivo para no ubicar al menor con la familia de sangre.

Antes de decidir que un menor permanezca con familiares consanguíneos, el proyecto establece un procedimiento de comprobación de funcionalidad familiar a cargo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). La primera comprobación será realizada por funcionarios del PANI mediante una evaluación especial; el PANI debe emitir un criterio dentro de los siete días naturales siguientes al inicio del proceso de evaluación. Durante esa evaluación se entrevistará a la familia consanguínea y al menos a dos vecinos. El proyecto indica que, ante evidencia comprobada, el PANI no recibirá apelaciones y solo informará sobre el proceso y sus resultados a la familia valorada.

El texto propone una lista de requisitos que deberán cumplirse para considerar a una familia consanguínea como apta; el proyecto los describe como todos de carácter obligatorio. Entre ellos figuran que el más joven de los adoptantes tenga al menos 40 años, que exista capacidad física y mental evidente para asumir la paternidad, medios económicos suficientes para la manutención, vivienda digna, una recámara disponible para el menor (solo o con otros menores de edades similares) y que al menos una persona encargada tenga escolaridad finalizada hasta el III Ciclo de la Educación General Básica. Esos criterios buscan que la familia receptora pueda cuidar y educar al menor de forma adecuada.

El proyecto también enumera circunstancias que constituyen impedimento legal para recibir al menor y que harán que el PANI no considere funcional a la familia. Entre esas circunstancias se mencionan la carencia de control médico en la familia; relaciones deficientes o patrones de comunicación agresivos; antecedentes de denuncias o condenas por conflictos familiares, violencia doméstica, femicidio o abuso físico o sexual de menores; y problemas con sustancias adictivas (alcoholismo o drogadicción) u otros problemas sociales graves como venta de droga, sicariato, incesto o una marcada carencia de valores familiares como respeto, apoyo, solidaridad y comprensión.

En una segunda comprobación el proyecto señala que el PANI tampoco considerará funcional a la familia a la que pertenezca la progenitora si ella “haya buscado o busque la manera de deshacerse del menor en gestación o del recién nacido, o lo haya abandonado”, es decir, que el intento de la madre por deshacerse del menor o el abandono son motivo suficiente para excluir a esa familia como receptora. La reforma, según su texto, rige a partir de su publicación. Pendiente de aprobación, lo descrito aquí corresponde a lo que el proyecto propone, no a una norma ya vigente.