Proyecto 24973: Ley reguladora del derecho fundamental a la participación ciudadana

El proyecto propone regular por ley el derecho fundamental a la participación ciudadana, es decir reconocer de manera explícita y ordenar cómo las personas pueden participar en la gestión y control de los asuntos públicos y qué deben hacer las instituciones públicas para facilitar esa participación. El documento está pendiente de aprobación.

El proyecto fue presentado con expediente 24973 por la diputada Vanessa de Paul Castro Mora; su inicio figura el 2025-05-12 y su publicación el 2025-05-20. Se presenta como una ley ordinaria que busca desarrollar el contenido del artículo 9 constitucional y de varios instrumentos internacionales citados en el texto.

El proyecto establece que “toda persona puede ejercer el derecho fundamental a la participación ciudadana” y que es obligación de los poderes, entes y órganos públicos facilitar y promover mecanismos, espacios y estrategias para impulsar esa participación. En la práctica esto significa que la ley pretende garantizar el ejercicio del derecho (por ejemplo acceso a procesos, información y espacios deliberativos) y obliga a las instituciones públicas a promoverlo según los términos y principios que la misma ley fija.

Para facilitar el cumplimiento, el proyecto exige que cada poder, ente u órgano público designe una unidad de participación ciudadana a cargo de un funcionario responsable. Esa unidad debe aparecer registrada por escrito y comunicada en la página web institucional con datos de contacto, y puede ser atendida por personal que ya ocupe una plaza permanente.

Entre ellas abrir un registro público de personas, movimientos u organizaciones interesadas en participar; crear una mesa de trabajo permanente con partes interesadas; cocrear anualmente un plan de trabajo para fomentar la participación; gestionar la eliminación de obstáculos administrativos, tecnológicos o normativos que dificulten la participación; ampliar gradualmente los procesos institucionales en los que participe la ciudadanía; e incluir en la página web institucional información, documentación y compromisos relacionados con la materia. Estas obligaciones buscan que la participación deje de ser una gracia ocasional y pase a formas institucionales y sistemáticas.

El proyecto autoriza a jerarcas y autoridades públicas a dictar medidas normativas, administrativas y tecnológicas para promover y apoyar la participación ciudadana. También permite, dentro de las posibilidades presupuestarias, que las municipalidades y concejos destinen como mínimo un 1% de los recursos asignados cada año a su distrito para obras comunales y proyectos que fortalezcan la educación ciudadana, auditoría social, acceso a la información, rendición de cuentas y otros que aumenten la participación.

Como límite y protección, el proyecto establece que el derecho a la participación ciudadana será susceptible de tutela judicial mediante el recurso de amparo previsto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por derivación del artículo 9 de la Constitución. Es decir, si una institución pública no cumple las obligaciones que la ley establece, una persona podrá recurrir al amparo para reclamar la protección del derecho.

En cuanto a plazos, el transitorio único dispone que los poderes, entes y órganos públicos tendrán un plazo de cuatro meses a partir de la entrada en vigencia de la ley para designar al funcionario responsable de la unidad de participación ciudadana o a quien se le recargue esa función. Finalmente, la ley establece que rige a partir de su publicación. Estos plazos y condiciones son los que la propuesta fija en el articulado y serían exigibles si la ley se aprueba.

Las disposiciones sobre financiamiento están condicionadas por la expresión “dentro de las posibilidades presupuestarias”, por lo que las autorizaciones de gasto y la asignación mínima municipal del 1% dependen de la disponibilidad de recursos y de las reglas presupuestarias de cada institución. También el proyecto prevé que las entidades puedan crear fondos concursables o destinar recursos para apoyar iniciativas ciudadanas, siempre sujetas a la normativa presupuestaria aplicable.

En resumen, si se aprueba, la ley haría obligatoria la existencia de unidades de participación en las entidades públicas, impondría obligaciones concretas de apertura, información y promoción de procesos participativos, autorizaría medidas administrativas y presupuestarias para apoyar la participación y dejaría claro que la protección judicial del derecho se puede reclamar vía amparo. Todos esos efectos dependen de que el proyecto avance y se convierta en ley.