Devolución del ROP a personas que se pensionen entre el 01-01-2021 y el 31-12-2029 (Proyecto 24972)

El proyecto propone modificar el transitorio XX de la Ley de Protección al Trabajador (Ley N.° 7983) para permitir que las personas afiliadas al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) que se pensionen entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2029 retiren los fondos que tengan acumulados en el ROP en forma de rentas temporales por un plazo de 24 meses, hasta agotar el saldo acumulado del ROP. Esta es la decisión concreta que contiene el articulado propuesto; el texto dice además expresamente que la norma “Rige a partir de su publicación”. El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

La medida afecta sólo a las personas afiliadas al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias que se pensionen dentro del período señalado (01-01-2021 a 31-12-2029). Según el articulado propuesto, dichas personas “podrán retirar los fondos acumulados en sus cuentas individuales en rentas temporales por un plazo equivalente a 24 meses, hasta agotar el saldo acumulado del ROP.” El proyecto, por tanto, no habla de devoluciones parciales mediante transferencias únicas ni de otras modalidades distintas a la renta temporal en el texto que aprueba el transitorio.

El derecho a retirar se reconoce sólo para quienes se pensionen “del 1 de enero de 2021 hasta el 31 diciembre del 2029” y el mecanismo autorizado es la renta temporal por 24 meses, con el tope de “agotar el saldo acumulado del ROP”. El articulado también incluye la frase “Rige a partir de su publicación”, por lo que, si la Asamblea lo aprobara, la vigencia indicada sería desde la publicación del texto como ley.

El proyecto define quién puede ejercer la opción (las personas afiliadas al ROP que se pensionen en el periodo indicado) y la forma mínima (rentas temporales por 24 meses). El propio texto no desarrolla en el artículo único los procedimientos administrativos, pasos para solicitar la renta temporal, ni detalla en ese artículo qué entidad concreta hará la liquidación o pagos (por ejemplo, si la devolución la ejecutan las operadoras de pensiones, una entidad pública u otro mecanismo). Esa información no está contenida en el transitorio que reforma la Ley.

La exposición de motivos incluida en el expediente explica por qué los proponentes plantean la devolución: señalan un empeoramiento de las condiciones económicas y un alto sobreendeudamiento de hogares, y exponen ejemplos numéricos para ilustrar el efecto que tendría permitir retirar el ROP para pagar deudas a tasas altas. En el texto aparece un ejemplo ilustrativo: una persona con una deuda de ¢15 millones que paga 32% anual (¢4,8 millones de intereses) y que tiene ese mismo monto en ROP que rinde 10% (¢1,5 millones): según el ejemplo, la cancelación de la deuda con el ahorro del ROP generaría una diferencia neta anual de ¢3,3 millones a favor de la persona. Esos cálculos forman parte de la argumentación del proyecto y están expuestos como ejemplo en el documento.

El expediente oficial se identificó con el número 24972. Como datos formales, la iniciativa fue presentada el 12-05-2025 y tiene como proponentes a las diputadas y diputados listados en la ficha del expediente (entre ellos Rocío Alfaro Molina). El trámite mostrado en la ficha indica que el proyecto ingresó a comisión, fue debatido y se registra votación y dictamen en la Comisión Sociales (Área II) con fecha 17-03-2026; a partir de esos actos, el expediente fue remitido a la Secretaría del Directorio y luego al Plenario para su ingreso en el orden del día. Estas fechas y movimientos describen el avance del trámite administrativo y no equivalen a la aprobación final del proyecto por la Asamblea.

En resumen, si la Asamblea aprobara el texto en su forma actual, las personas afiliadas al ROP que se pensionen entre el 01-01-2021 y el 31-12-2029 tendrían la posibilidad (no una obligación del Estado hacia ellas más allá de la norma) de recibir sus ahorros del ROP en rentas temporales por hasta 24 meses, hasta agotar el saldo. El articulado establece la condición temporal, la modalidad (rentas temporales) y el plazo (24 meses), y dice cuándo entraría en vigor (“Rige a partir de su publicación”); no describe en ese transitorio los detalles operativos del trámite ni quién administraría exactamente los pagos más allá de la referencia al régimen y las cuentas individuales.